En declaraciones a Servimedia, Mazkiarán consideró esta medida una contradicción con el objetivo que tiene el Gobierno de hacer aflorar la economía irregular.

“Lo que no puede el Gobierno es articular un discurso de combatir la economía sumergida y a la vez tomar medidas que no tienen otra solución que la de abocar a estas personas a este tipo de economía informal para hacer frente a los pagos sanitarios”, indicó Mazkiarán.

A su juicio, “el ejecutivo exige un pago de una prestación a un colectivo al que se le ha denegado el derecho a trabajar y a tener unos ingresos normalizados, y eso es algo absolutamente contradictorio”.

Mazkiarán lamentó también que “esta medida no se corresponde con la realidad”, ya que el colectivo de inmigrantes ilegales “es muy vulnerable y, así como ocurre con el de las personas mayores, necesita una garantía o una protección por parte del Estado.

Sin embargo, "lo que se hace es considerar a este colectivo como personas con recursos suficientes como para abonar ese dinero”, subrayó.

En referencia al ahorro que esta medida puede suponer para el Estado, Mazkiarán advirtió de que los efectos pueden ser contrarios a los que el Gobierno persigue.

“Una persona que no accede a una asistencia normalizada puede terminar en una situación en la que su estado de salud se agrave y ya sea imposible prevenir, concluyó.