En un comunicado, UGT recordó que el derecho a la protección de la salud, individual y colectiva, es un mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a tutelar y a organizar su ejercicio mediante las prestaciones y los servicios necesarios.

Según el sindicato, la pretensión de que los inmigrantes irregulares firmen convenios especiales y paguen por la asistencia es “un ejemplo más del afán recaudatorio de este Gobierno, que únicamente se dirige a quienes se encuentran en una situación más precaria”.

UGT insistió en que esta medida “condenará a la total desatención a miles de personas, con especial repercusión en aquellas de mayor edad o enfermos crónicos, y que fomentará la economía sumergida".

Incluso para quienes pudieran pagar el alto coste exigido “la atención puede ser inútil, puesto que no incluye la prestación farmacéutica”, concluyó.