En nota de prensa, dicha entidad defendió el derecho a la objeción de conciencia a la hora de aplicar estas medidas (en vigor a partir de mañana sábado) por “inmorales, injustas y peligrosas en términos de salud pública”.

Esta reforma “excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria”, prosiguió la coordinadora, que “es un derecho humano básico.

Además, “la falta de atención sanitaria en patologías crónicas entre el colectivo de sin papeles provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias (dado que es la única posibilidad que les queda), e incrementará la presión asistencial. Se generará un incremento de ingresos hospitalarios, que posiblemente provoque un mayor gasto final".

De ahí que la reforma “tendrá efectos negativos sobre la salud de la población general, ya que sentará las bases para el incremento de las enfermedades transmisibles (tuberculosis, VIH) y la pérdida de su control", señaló la plataforma.

Por todo esto, hizo “un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos".