En declaraciones a Servimedia, Tardà recordó que "lamentablemente las desapariciones forzadas no son cosa del pasado ni una forma de terrorismo localizada en el cono Sur". Amnistía Internacional documenta más de 42.000 personas víctimas de desapariciones forzosas durante el siglo XXI en 82 países de todo el mundo.

En particular, Amnistía Internacional denuncia el "drástico aumento" de las desapariciones forzadas en Siria desde que comenzaran las protestas contra el régimen de Al Asad hace más de un año.

El diputado explicó que "tampoco el Estado español está exento de las desapariciones forzadas" y citó los casos de Mustafa Sermarian y de Basiri.

Mustafa Setmarian es un ciudadano de nacionalidad española y origen sirio, que fue capturado en 2005 en Pakistan por Estados Unidos dentro de una operación cotra el terrorismo.

Desde ERC, dijo Tardà, "no juzgamos la culpabilidad o inocencia de Setmarian, sino que reclamamos que ello sea juzgado por un tribunal imparcial en un proceso público, transparente y con todas las garantías judiciales".

Por eso, ERC presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, que fue aprobada en septiembre de 2010 para que el Gobierno realizara todas las gestiones oportunas con el fin de localizar a Setmarian e informar al Congreso y la familia.

La prensa publicó que Setmarian fue liberado en Siria en diciembre de 2011, pero ni la familia ni Amnistia Internacional tienen constancia de ello.

Por su parte, Basiri, héroe y mártir saharui, fundador y primer líder del Frente Polisario, desaparició después de ser detenido por las autoridades españolas durante la colonización del Sahara Occidental.

Esquerra denuncia que "el Estado español nunca ha dado información sobre el caso" y el Congreso de los Diputados ha rechazado recientemente otra proposición no de ley de ERC que tenía como objeto informar sobre el destino de Basiri y en caso de estar muerto informar sobre su paradero y repatriarlo.

Además, Tardà recordó "las desapariciones habidas durante la Guerra Civil española y la impunidad y el silencio" que sobre ellas se ha mantenido, "obviando el derecho a saber y a la verdad de las víctimas y sus familiares y el deber de recordar que tienen los Estados, según los principios de Naciones Unidas contra la impunidad".

Insistió en que "éstas son obligaciones de los Estados que no prescriben y que el Estado español sigue sin cumplir, pues la mal llamada Ley de Memoria Histórica lejos de acabar con la impunidad, la legitima y perpetúa".