El Gobierno denunció que estas muertes ponen fin a "una moratoria de facto en la aplicación de la pena de muerte que Gambia venía respetando desde 1981".

"España urge al Gobierno de Gambia a que, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, detenga las ejecuciones anunciadas, restablezca la moratoria y conmute las sentencias de pena capital impuestas hasta ahora", afirmó en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores reiteró su "firme compromiso a favor de la abolición universal de la pena de muerte" y destacó que su representante diplomático en Banjul "se ha unido a otros socios de la UE para expresar su repulsa ante estas ejecuciones".