La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que con esta reforma se trata de fomentar que el mercado del alquiler esté “bien consolidado”, ya que en la actualidad “es de los más pequeños de Europa”, y aseguró que busca “mayor equilibrio y seguridad jurídica” para ambas partes.

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Fomento, Ana Pastor, indicó que con la regulación actual “no hay nadie contento”, ni propietarios ni inquilinos.

La ministra subrayó que es fundamental incentivar la oferta de pisos, con lo que bajarían los precios, a través de un equilibrio en la seguridad de propietarios e inquilinos.

A partir de ahora se inicia el trámite parlamentario y el Gobierno asegura estar “abierto a todas las mejoras” con la negociación con los grupos.

MÁS FLEXIBILIDAD

Entre las medidas que recoge, se encuentran que la actualización de la renta no tenga que estar ligada al IPC, se flexibiliza la duración de los contratos, y el plazo de prórroga obligatoria se reduce de cinco a tres años, y el de prórroga tácita de tres a uno.

Por otra parte, y con independencia de la duración del contrato, el inquilino podrá desistir del contrato siempre que lo comunique con un mes de antelación.

También se garantiza que el propietario pueda recuperar su vivienda, sin necesidad de que esté previsto en el contrato de arrendamiento si hubieran transcurrido cinco años desde su firma, siempre que necesite la vivienda para sí, sus familiares en primer grado o su cónyuge tras el divorcio o nulidad.

DESAHUCIOS

Los procedimientos de desahucio por impago de rentas son lentos e ineficaces, según el Ejecutivo, que ve necesario la agilización de este procedimiento, reduciendo la intervención judicial al mínimo imprescindible.

Entre las medidas adoptadas, se crea un procedimiento judicial acelerado para que en el plazo de diez días se proceda al pago de la renta debida. Además, se simplifican los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, duplicando la capacidad de los juzgados.

La propuesta del Gobierno recoge una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se vincula el alzamiento a la falta de oposición del demandado y la finalización del proceso será mediante auto del juez.

En este sentido, Pastor indicó que el proceso se pone en marcha por la falta de oposición del demandado tras ese plazo de diez días, y aseguró que “lo que queremos es hacer posible que esa indeterminación se puedan resolver, pero dando seguridad a las dos partes”.

FISCALIDAD

Parte importante de los cambios se centran también en la modificación del régimen fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi).

Estas sociedades, creadas en 2009, son sociedades cuya actividad principal es la inversión en activos inmobiliarios urbanos para su alquiler, incluyendo tanto viviendas como cualquier otro inmueble urbano.

En las Socimi, el Gobierno reduce el plazo exigido para que los bienes inmuebles que hubieran sido promovidos por la entidad se mantuvieran en arrendamiento, de siete a tres años. También se reduce la cifra de capital social mínimo exigido, de 15 a 5 millones de euros.

Entre los cambios con respecto al anteproyecto se encuentra que ahora la Socimi tribute al 0% en el Impuesto de Sociedades, y se desplaza la tributación al dividendo que tributará al 19%. Además, las Socimis tendrán que repartir el 80% de los beneficios como dividendo.