El letrado no sólo no quiso contestar a las preguntas de los periodistas congregados a las puertas de la Audiencia Nacional referentes a quién le va a pagar los servicios prestados al secuestrador, sino que tampoco ha querido revelar este extremo a sus compañeros de profesión.

De hecho, Díaz Aparicio ha contestado con un lacónico “¿a ti qué te importa?” a los abogados que le han preguntado quién va a sufragar sus honorarios en el caso del pirata Willy, según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas.

Ante los periodistas, el abogado fue más diplomático. “Entiendo el interés informativo, pero no puedo respondérselo”, dijo.

Lo único que reconoció Díaz Aparició fue que le “han contratado”, es decir, que no asume la causa por altruismo o, como apuntó algún compañero de profesión, porque quiera “hacerse famoso y salir en los medios”.

Las fuentes consultadas sugirieron que Díaz Aparicio podría haber sido contratado por el propio grupo de piratas al que pertenece Willy. Sus servicios podrían haber sido adquiridos a través de los búfetes de abogados afincados en Londres con los que operan las mafias somalíes para negociar y vehicular el pago de los rescates que reclaman por los buques que apresan.

Hay que tener en cuenta que para poder ostentar su representación, el abogado ha de contar con la autorización del propio pirata. Díaz Aparicio obtuvo este permiso el pasado jueves, cuando fue a visitar a Willy a la cárcel madrileña de Alcalá-Meco, según explicaron fuentes jurídicas.

Ese mismo día, el abogado visitó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado del caso, para anunciarle su intención de ocuparse de la defensa de Willy. Sólo al día siguiente, el pasado viernes, Díaz Aparicio telefoneó al anterior abogado del pirata, un letrado de oficio, para pedirle el caso.

ESTRATEGIA DE DEFENSA

Esta misma mañana, el abogado se reunió con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para explicar su solución, que consiste en que los dos secuestradores encausados en España sean expulsados a Somalia utilizando la Ley de Extranjería.

Su propuesta pasa por considerar que Willy y el otro pirata, Raageggesey Hassan Haji, no fueron autores sino cómplices del secuestro del atunero vasco. El letrado entiende que de esta forma los dos secuestradores se enfrentarían a delitos que llevan aparejadas penas inferiores a los seis años de cárcel y, por lo tanto, podrían ser expulsados de vuelta a su país en un plazo de tres días de acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Extranjería.

En la actualidad, Willy y Haji están acusados como autores de 36 delitos de detención ilegal -por los 36 tripulantes del atunero-, otro de robo con violencia, otro de asociación ilícita y un delito adicional de uso de armas, figuras por las que podrían ser condenados a más de 200 años de cárcel.