Estas dos resoluciones son resultado de la investigación de oficio que la oficina del Defensor del Pueblo inició en febrero de este año, tras recibir numerosas quejas de pequeños ahorradores que denunciaban que bancos y cajas les habían vendido participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información, según informó hoy en un comunicado.

Tras su investigación, la defensora del Pueblo concluye que “el control preventivo ejercido por la CNMV ha resultado ineficaz”. Por ello, sostiene que la CNMV debería disponer de mayores competencias para proteger a los inversores.

De esta manera, la primera de las recomendaciones formuladas persigue que se promuevan actuaciones eficaces para que los clientes financieros tengan, antes de formalizar el contrato, conocimiento pleno del producto que van a suscribir, del riesgo de la inversión, y de si está o no cubierto por alguno de los fondos de garantía.

En esta línea, el Defensor del Pueblo ya indicó en otra recomendación realizada recientemente al hilo de otra investigación, que un sistema efectivo podría basarse en un código de colores sencillo e intuitivo, como los que utilizan los semáforos, en el que el verde indicara un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto.

Asimismo, la institución que dirige Soledad Becerril considera que, en aras de las buenas prácticas, el contrato de inversión debería incluir, además, un estudio del perfil del inversor y de la adecuación del instrumento financiero a sus circunstancias.

Por otro lado, y ante el hecho de que muchos de los clientes de este tipo de productos financieros se han encontrado con que deben acudir a la Justicia como única vía para obtener protección, afrontando procesos lentos y costosos, la oficina del Defensor del Pueblo cree necesaria la creación de algún mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo, en sede administrativa, cuya finalidad sea la resolución de conflictos para evitar la vía judicial.

Por ello, la segunda de las recomendaciones dirigidas a la Administración pasa por que se reitere a las entidades bancarias la conveniencia y buena práctica de llegar a acuerdos con los inversores de estos productos, para evitar la necesidad de acudir a procedimientos judiciales.