Así consta en las conclusiones de la subcomisión en la que se ha estudiado el funcionamiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género y sus posibles modificaciones, a las que PP y CiU han presentado sendos votos particulares para separar las competencias civiles y penales en los juicios por separación y divorcio cuando haya violencia de género, para dar así una mejor atención jurídica a las víctimas y evitar que muchas denuncias se retiren por el colapso de los juzgados.

La ponente de CiU, Mercé Pigem, defendió que los juzgados de violencia doméstica se queden con la competencia de los asuntos civiles derivados de las primeras medidas cautelares tomadas tras la denuncia, pero que todo lo demás regrese al juzgado de origen y que haya entre ambos una permanente coordinación a través del fiscal.

En esa misma línea, Susana Camarero, ponente del PP, argumentó que en muchos casos la tramitación de la parte civil se va posponiendo por el colapso de los juzgados penales, y eso hace que muchas mujeres retiren la denuncia por malos tratos para agilizar la obtención del divorcio.

Además, el PP no descarta presentar algún otro voto particular, por ejemplo para instar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la primera declaración de una mujer al presentar la denuncia por violencia sirva para eximirla de una declaración posterior en el juicio oral, porque esa sesnsación de “segunda victimización” lleva a muchas a retirar la denuncia, con la consiguiente sentencia absolutoria del agresor.

Además, pretenden mejorar el sistema de protección de las víctimas y proponen para ello modificar el modo actual de valoración policial del riesgo de las denunciantes, para dejarlo en manos de personal especialmente formado para esa evaluación.

Por encima de esas “matizaciones”, la socialista Carmen Montón destacó el consenso básico existente en torno a la vigencia y utilidad de la Ley Integral y en la necesidad de dar más tiempo a su desarrollo antes de modificarla.

Sobre los votos particulares de PP y CiU, Montón argumentó que el Observatorio del CGPJ y las asociaciones de mujeres vieron un “gran logro” en la unificación de los juzgados para evitar la “peregrinación” de las víctimas por unos y por otros, y rechazó por ello “el paso atrás” que supondría acceder a esa separación de competencias.

Montón subrayó que las conclusiones hacen hincapié en la necesidad de mejorar la recuperación de las mujeres a todos los niveles, y valoró que el estudio de la subcomisión haya servido para “desterrar mitos” falsos sobre la Ley, como que haya incrementado el porcentaje de denuncias falsas.