En un comunicado, UGT recuerda que el derecho a la protección de la salud, individual y colectiva, es un mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a tutelar y organizar el ejercicio del mismo mediante las prestaciones y los servicios necesarios.

Según el sindicato, la pretensión de que los inmigrantes irregulares firmen convenios especiales y paguen por la asistencia es "un ejemplo más del afán recaudatorio de este Gobierno, que únicamente se dirige a quienes se encuentran en una situación más precaria".

Para UGT, resulta, asimismo, "intolerable" la justificación de que estos inmigrantes deberían volver a sus países de origen, porque el Gobierno, "al parecer, pierde sus escrúpulos sobre el cumplimiento estricto de la ley cuando se trata de recaudar, ya sea vía impuestos o con la suscripción de este convenio especial".

El sindicato insiste en que esta medida "condenará a la total desatención a miles de personas, con especial repercusión en aquellas de mayor edad o enfermos crónicos, e incluso para quienes pudieran pagar el alto coste exigido la atención puede ser inútil, puesto que no incluye la prestación farmacéutica".