El letrado hizo esta acusación después de reunirse con el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, en un encuentro en el que pidió a la Fiscalía que apoye su solicitud para que los dos piratas del Alakrana encausados en España, Abdu Willy y Raageggesey Hassan Haji, sean expulsados a Somalia en un plazo de tres días.

Díaz Aparicio aseguró que su propuesta “se ajusta a la legalidad” y es la solución “más sensata”. Su solicitud pasa por considerar que Willy y Hassan Haji no fueron autores sino cómplices del secuestro del atunero vasco, perpetrado hace 40 días.

El letrado entiende que de esta forma los dos secuestradores se enfrentarían a penas inferiores a los seis años de cárcel y, por lo tanto, podrían ser expulsados de vuelta a su país en un plazo de tres días de acuerdo con la Ley de Extranjería.

Willy y Haji están acusados en España de 36 delitos de detención ilegal -por los 36 tripulantes del atunero-, otro de robo con violencia, otro de asociación ilícita y un delito adicional de uso de armas, figuras por las que podrían ser condenados a más de 200 años de cárcel.

El abogado indicó que su función es “allanar el camino en la medida de lo posible” y aseguró que al fiscal Burgos “le parece sensata” su propuesta. Por su parte, fuentes de la Fiscalía señalaron que Burgos se limitó a escuchar las palabras del letrado.

“Mi impresión es que el fiscal no tiene capacidad de decidir, no han decidido, están esperando instrucciones del fiscal general del Estado, que depende del Ministerio de Justicia”, señaló Díaz Aparicio a las puertas de la Audiencia Nacional.

Por último, el letrado, que todavía no ha presentado su solicitud ante el juez encargado del caso, Santiago Pedraz, aseguró que para su cliente ésta sería “una buena solución porque para él prácticamente conlleva la libertad”, aunque reconoció que todavía no ha ido a visitar al pirata a la prisión madrileña de Alcalá-Meco, donde se encuentra desde el pasado miércoles.

Díaz Aparicio asumió ayer mismo la defensa del pirata Willy después de solicitar el caso el pasado jueves al abogado de oficio que se había asignado. No quiso contestar las preguntas de los periodistas congregados a las puertas de la Audiencia Nacional referentes a quién le va a pagar los servicios prestados al secuestrador.

“Entiendo el interés informativo, pero no puedo respondérselo”, dijo el abogado, quien tampoco contestó al ser preguntado sobre si sus honorarios los sufraga el Gobierno.