La Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló en una sentencia del 17 de diciembre de 2008 los planes directores, aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2006, correspondientes a los planes de emergencia nuclear exteriores de estas centrales nucleares, por entender que se había vulnerado el derecho de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC) a ser oída en el procedimiento de elaboración de los citados planes.

En ejecución de esta sentencia, el pasado día 7 de abril se sustanció el trámite de audiencia con AMAC, que solicitó la inclusión en el órgano ejecutivo de cada plan de uno de los alcaldes pertenecientes a uno de los municipios establecidos en la Zona I de actuación cada Plan, zona que es la de intervención más próxima a la correspondiente central nuclear.

Con respecto a los planes aprobados en el año 2006, que fueron anulados por el Tribunal Supremo, se introduce como novedad que, con carácter general a los cinco planes, se incorpora al órgano ejecutivo del plan a uno de los alcaldes pertenecientes a uno de los municipios establecidos en la Zona I de actuación. Con esta incorporación se mejora e incrementa la participación municipal en caso de emergencia nuclear.

COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT

Además, como consecuencia de las competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana y el consiguiente despliegue de los Mossos d´Esquadra en todo el territorio de dicha comunidad autónoma, en el Plan de Ascó y Vandellós se prevé que el grupo operativo de seguridad ciudadana y orden público (en la actualidad, dirigido y formado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) quede dirigido y formado por efectivos de la policía autonómica catalana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedarán encuadrados en un nuevo grupo operativo: el grupo de seguridad estratégica, cuya existencia se prevé exclusivamente en el Plan de Ascó y Vandellós, que tendrá como objeto garantizar la seguridad en puertos y aeropuertos en caso de emergencia nuclear, en los que se mantiene la competencia estatal.

Estos cinco acuerdos cuentan con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Comisión Nacional de Protección Civil, en la que están representadad la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.