El sindicato mantiene que no existen razones objetivas de tipo pedagógico ni jurídico que justifiquen esta reforma legislativa, y considera que solo da respuesta a la demanda de los sectores más conservadores del Partido Popular, al entender que la escuela debe limitarse, exclusivamente, a la transmisión de conocimiento, dejando al ámbito privado la educación en valores y la educación para la ciudadanía.

UGT entiende que han primado los juicios de valor y el “adoctrinamiento ideológico” en la nueva regulación de la asignatura, e indica que ésta siempre ha estado fundamentada en la Constitución, en las directivas y recomendaciones de la UE y en los tratados internacionales ratificados por España.

Asimismo, el sindicato recuerda el fallo del Tribunal Supremo en 2009 contra la objeción de conciencia del Partido Popular a esta asignatura, determinando que era de obligado cumplimiento.