En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Díaz explicó que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, mantuvo el miércoles una conversación con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, para abrir una vía al “diálogo y la cooperación institucional”.

Díaz denunció que este techo de deuda sigue el mismo patrón de la amnistía fiscal: castiga a los cumplidores y premia a quien no lo ha hecho bien, y supone para Andalucía un “hachazo” de 2.735 millones en los Presupuestos de 2013, que atacaría al corazón de la “igualdad de oportunidades” al poner en peligro el “Estado de bienestar, la salud, la educación, la atención de mayores y dependientes” de esta comunidad.

Desde la Junta de Andalucía piensan que las últimas medidas castigan especialmente a esta autonomía. Por eso, el presidente se va a emplear a fondo en defender los intereses de los andaluces ante lo que calificaron de “ataque frontal”, y confían para ello en la conversación de Griñán con Rajoy y en otra que mantuvo la consejera con el ministro de Hacienda.

No obstante, desde la Junta ya se ha encargado al gabinete jurídico que estudie los informes para saber cuáles son las vías posibles para recurrir, o bien recurso de inconstitucionalidad, o contencioso-administrativo.

La consejera insistió en la propuesta de “ahondar en el diálogo” y se desmarcó de otras actitudes emprendidas en su día por otros presidentes autonómicos, como la "insumisión fiscal" a la que llamó la dirigente madrileña Esperanza Aguirre cuando gobernaba el PSOE. Todo ello a pesar de afirmar que las medidas “rompen los principios de igualdad y de equidad”.

Díaz recordó que en caso de tener que reajustar la deuda andaluza se podrían cerrar 19 hospitales, la mitad de los centros educativas o proceder al despido de 60.000 trabajadores públicos, el 25% del total.