El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, presentó en rueda de prensa la iniciativa, con el argumento de que el “mayor escándalo financiero especulativo” en España requiere una investigación parlamentaria “de verdad”.

Las comparecencias que se están sucediendo en la Comisión de Economía son, en su opinión, “una cortina de humo para ocultar el fondo real del problema” y un “paripé” que está provocando el efecto contrario al pretendido, “está desprestigiando al propio Parlamento”.

Cayo Lara está convencido de que “se han dado préstamos temerarios”, hay comportamientos que sólo se explican si existió corrupción, se han pactado “retribuciones escandalosas”, y el objetivo es “que no haya impunidad para los responsables de este desastre”.

Los firmantes han intentado acordar su iniciativa con otros grupos, incluido el Socialista, que, según Cayo Lara, pareció dispuesto en un primer momento pero después se descolgó. Esperan superar el filtro de la Mesa y que la propuesta pueda ser debatida por el pleno en una de las primeras sesiones de septiembre.

Piden investigar la situación de todas las entidades, sus necesidades de saneamiento y recapitalización, y también hacer seguimiento del rescate habilitado por la Unión Europea.

Quieren examinar las causas de la crisis financiera y las responsabilidades relacionadas, incluyendo “posibles fraudes y abusos”, particularmente sobre consumidores del sector hipotecario.

También el papel de los reguladores y supervisores, los problemas de fluidez del crédito, las prácticas contables y la valoración de activos, el tratamiento fiscal de los productos financieros, el papel de las agencias de calificación, las prácticas de titulización, los cambios en la estructura salarial de los empleados de las entidades, la estructura legal y reguladora en el mercado inmobiliario, y el papel de los derivados.

Quieren también “conocer, evaluar y analizar la gestión” del Gobierno tras la petición de rescate, así como las responsabilidades que el Estado asume, con especial referencia a los compromisos que puedan adquirirse como consecuencia de la firma del memorandum.

Proponen asimismo que la comisión analice y sugiera medidas para garantizar la máxima transparencia en el proceso de saneamiento y recapitalización, el retorno de las aportaciones públicas y el uso eficiente y socialmente responsable de los recursos públicos.

En concreto, creen que debe asegurarse que el rescate “no supondrá coste alguno para los ciudadanos”, que al final del proceso se recuperarán todos los recursos públicos, que se desbloquee el crédito a familias y empresas, y que se habiliten soluciones para quienes “tengan dificultades con sus hipotecas” y para quienes adquirieron participaciones preferentes.

Proponen que la comisión esté compuesta por tres representantes de cada grupo parlamentario con más de cien diputados, dos de cada uno con entre diez y cien miembros, y uno de los que tengan menos de diez.

La comisión trabajaría durante todo el tiempo que dure el proceso de rescate y recapitalización del sector financiero, y podría llevar al pleno “cuantos dictámenes, totales o parciales, estime oportunos” incluso antes de concluir los trabajos.

Además, al ser comisión de investigación, tendría más recursos para exigir comparecencias o documentación, y las conclusiones podrían ser enviadas, en su caso, al Ministerio Fiscal.