Según indican en un comunicado, en su conjunto la aplicación de esta orden es una vulneración sin precedentes de la normativa comunitaria y estatal en materia de impacto ambiental. "Podría provocar un daño gravísimo a los acuíferos y el deterioro de los hábitats", advierten.

Según explican, la Directiva de Hábitats, en su artículo 6, obliga a la evaluación de las repercusiones de cualquier plan o proyecto que, de forma individual o en combinación con otros, pueda afectar de manera apreciable a los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, entre los que se encuentran las Zonas de Especial Protección Ambiental (ZEPA). Estos proyectos consideran también las nuevas plantaciones de viñedo o su transformación de vaso a espaldera.

Sin embargo, los ecologistas señalan que la nueva orden sólo obliga de forma clara a la evaluación del impacto en los casos de transformación de secano a regadío, consolidación y mejora de regadío para superficies mayores a 50 hectáreas (límite casi inalcanzable) y cuando sea necesaria la instalación de una línea eléctrica aérea.

"Además", subrayan, "esta orden imposibilita la evaluación del impacto de nuevos viñedos y del derivado de la acumulación de proyectos de transformación en diferentes parcelas, aunque sean pequeñas, obligación que recoge la Directiva de Hábitats".

Lo mismo ocurre, añaden, con la instalación de espalderas, que queda autorizada bajo ciertos condicionantes que contradicen los estudios de la propia Junta de Castilla-La Mancha y que producen un cambio radical del hábitat, dificultando o imposibilitando la ocupación de amplias zonas por las especies esteparias, como la avutarda y el sisón.

Estas organizaciones concluyen que "la Consejería de Agricultura no sólo tiene la responsabilidad de fomentar y favorecer la actividad agraria, sino que debe garantizar la conservación del patrimonio natural, la Red Natura 2000 y los recursos hídricos".