El Constitucional examinará la rebelión sanitaria de Andalucía y País Vasco

MADRID
SERVIMEDIA

El Tribunal Constitucional examinará que Andalucía y el País Vasco hayan decidido legislar en materia sanitaria y farmacéutica en contra de las últimas decisiones tomadas al respecto por el Gobierno central.

En concreto, el Constitucional informó de que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucional del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el decreto ley andaluz por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público

Además, los magistrados examinarán el “conflicto positivo de competencia” promovido por el Gobierno central después de que el Ejecutivo vasco aprobara un decreto sobre prestaciones sanitarias. El lehendakari, Patxi López, pretendía así evitar la reforma sanitaria impulsada por la ministra Ana Mato. La admisión a trámite significa asimismo la suspensión cautelar de la aplicación de ambos decretos.

En este sentido, el Consejo de Ministros decidió el pasado 13 de julio recurrir el decreto de Andalucía sobre prestaciones farmacéuticas y el del País Vasco sobre prestaciones sanitarias. El Gabinete de Rajoy entiende que con estas decisiones se están invadiendo competencias estatales.

NORMATIVA ESTATAL

Por lo que se refiere a las prestaciones sanitarias andaluzas, el Ejecutivo de esta comunidad autónoma aprobó el 13 de diciembre de 2011 un decreto que establecía normas reguladoras de la prescripción de medicamentos.

La resolución andaluza establecía un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal. El Ejecutivo central entiende que, de esta forma, se varían prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Por lo que se refiere al País Vasco, el Gabinete de Patxi López aprobó un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público “para todas las personas que residan en el País Vasco”. El lehendakari aseguró que estaban “amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera”.

(SERVIMEDIA)
26 Jul 2012
DCD/lmb