Firmado por Llamazares y por la diputada Caridad García, el texto entregado en la Oficina del Defensor del Pueblo critica que este decreto-ley modifica el sistema de copago farmacéutico y la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, entre otros puntos, por lo que "lesiona los derechos de todos los ciudadanos”.

Por ello, no solo institucionalmente, sino también “desde la calle y junto con los ciudadanos, utilizaremos todos los medios disponibles para evitar que se desmantele el sistema sanitario público”, declaró Llamazares.

El diputado señaló que Amnistía Internacional, organizaciones en defensa de la sanidad pública, diversas ONG de inmigrantes, profesionales y pacientes ya se han sumado a este tipo de iniciativas y están estudiando interponer recursos ante el Tribunal Constitucional.

Según la coalición, promueven este recurso debido a que el decreto sienta las bases de un nuevo modelo mixto en la financiación. “(El decreto) cambia el modelo sanitario público hacia un modelo de seguro privado que dificulta la igualdad de todos los ciudadanos ante el sistema sanitario. Establece repagos por parte de los asegurados y elimina la financiación a través de impuestos”, explicó el diputado.

“Creemos que cuestiona libertades y derechos fundamentales como son el derecho a la salud de los extranjeros en nuestro país, que aunque no tengan papeles tienen derecho a la atención sanitaria, así como los españoles mayores de 26 años sin empleo”, declaró Llamazares.

Sin embargo, el diputado se lamentó de los problemas que presenta esta iniciativa. “Sabemos las dificultades del recurso y de las resoluciones por parte del Constitucional, pero vamos a utilizar todos los medios que tenemos. No vamos a permitir este decreto discriminatorio y que desmantela el Sistema Sanitario Público”, indicó.