A través de una nota de prensa, JpD dijo que el planteamiento de Gallardón supone “un ataque a los derechos de las mujeres” y una “restricción de las libertades individuales”.

Según esta asociación de jueces, de aprobarse el criterio del ministro, España daría un paso atrás en materia de interrupción voluntaria del embarazado y se alejaría de los “sistemas penales europeos”. Según JpD, el titular de Justicia propone “castigar penalmente a las mujeres y a los facultativos” que practiquen abortos.

A juicio de los jueces progresistas, esta reforma estaría encaminada a contentar a “los sectores más conservadores de la sociedad”, a pesar de la “amplia aceptación social” con la que cuenta la despenalización del aborto.

En opinión de JpD, esta medida puede acabar con la “cohesión social”, por lo que aconsejan al ministro que tienda la mano y consiga “amplios acuerdos con las principales fuerzas políticas” para impedirlo.