"Este cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para muchas mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus embarazos no deseados por graves lesiones fetales o hacerlo de manera clandestina en el país sin las debidas condiciones sanitarias", afirmó la Fadsp tras conocer las intenciones del Ejecutivo.

En concreto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que la modificación de la actual legislación

sobre interrupción voluntaria del embarazo embarazo (IVE) incluirá la supresión del llamado aborto eugenésico por discapacidad, es decir, la posibilidad que tiene ahora una mujer de interrumpir su gestación por que haya "riesgo de graves anomalías en el feto".

A juicio de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, esta medida supondría "un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres, a las que se obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos a pesar de que las pruebas y revisiones médicas demostraran graves taras y malformaciones en los fetos".

Para la entidad, detrás de esta decisión "está la ideología conservadora de un gobierno que pretende satisfacer las demandas de los grupos religiosos más ultras y radicales" del país.