En principio, el próximo lunes todos los clientes de telefonía móvil de prepago que no se hayan identificado ante sus operadores perderán la línea.

Sin embargo, las compañías habían solicitado a través de Redtel, asociación en la que están reunidos Telefónica, Vodafone y Orange, una moratoria para que se pudieran mantener temporalmente los números, aunque las líneas quedasen inactivas, para que los clientes que se identifiquen en los días siguientes al corte del servicio puedan recuperarlos.

Por esta razón, Redtel envió una carta a los ministerios del Interior y de Industria solicitando la aplicación de este plazo, aunque por el momento no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo.

Según los últimos datos de la Asociación, recogidos hace unos diez días, todavía hay entre tres y cuatro millones de clientes de prepago sin identificarse. No obstante, desde Redtel explicaron a Servimedia que las compañías han notado un incremento en el ritmo de identificación de clientes en la última semana, por lo que la cifra actual de líneas "anónimas" se aproximaría más a los tres millones.

El 9 de noviembre de 2007 entró en vigor la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que fijaba un plazo de dos años para recabar dicha información.

El texto legal señala que "transcurrido el aludido plazo de dos años, los operadores vendrán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción".

La explicación de motivos de esta ley señala que el avance de la tecnología en la telefonía móvil ha hecho que este tipo de comunicaciones estén "al alcance de cualquier persona en cualquier rincón del mundo" y que pueda ser utilizada con fines delictivos.

Así, "la naturaleza neutra de los avances tecnológicos" no impide que el uso de estas comunicaciones "no pueda derivarse hacia la consecución de fines indeseados, cuando no delictivos".

Por esta razón, se decidió que los clientes de prepago deberían aportar los datos personales, igual que los usuarios de contrato, para poder ser utilizada en procesos legales.