En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que la reforma del sector energético se encuentra “muy ultimada por todos los departamentos afectados”.

Como “paso previo”, la regulación pasará por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos este próximo jueves, ya que el pasado no pudo celebrarse por la celebración del debate sobre el real decreto de ajustes en el Congreso, así como por el mecanismo de liquidez de las comunidades autónomas, y porque “teníamos a todos los ministros fuera de España”, explicó.

De esta forma, la vicepresidenta indicó que la reforma del sector energético “tendrá lugar el próximo jueves como informe previo necesario, y si pasa los trámites correspondientes, se aprobará en el Congreso de los Diputados”.

La nueva normativa para atajar el déficit de tarifa de 24.000 millones estaba previsto que viese la luz el pasado mes de junio, sin embargo se ha ido retrasando su salida al estar estudiando diferentes posibilidades para paliar el desajuste entre los ingresos y los costes.

Entre las medidas que podría aprobar el Gobierno para frenar el déficit de tarifa se encuentran la aplicación de un nuevo impuesto del 4% o de 2 euros por megavatio hora (MWh) para la energía nuclear, hidráulica y ciclos combinados de gas, mientras que para las renovables se baraja distinguir entre tecnologías gestionables y no gestionables.

Por su parte, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) mostró su rechazo a la posible tasa y denunció que podrían comprometer la viabilidad del sector, con un impacto de 2.000 millones de euros a las eléctricas.

En esta línea, veintitrés asociaciones renovables mostraron ayer su rechazo a las medidas que previsiblemente adoptará el Gobierno contra el déficit tarifario ya que supondrán la “deslocalización o desaparición” del sector.