El texto, al que tuvo acceso Servimedia, propone “ampliar a proveedores acreedores de entidades sin ánimo de lucro declaradas de interés social el mecanismo extraordinario de financiación” recogido en el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo. Mediante dicho real decreto se creó el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

Asimismo, propone establecer los mecanismos precisos para evitar que las deudas de las administraciones públicas con las citadas entidades sin ánimo de lucro impidan a estas percibir las propias subvenciones concedidas y futuras.

Cuando la Administración Pública no paga a dichas entidades, éstas no pueden cumplir a su vez con la Seguridad Social y la Hacienda Pública, lo que les impide a su vez que “puedan obtener certificados de estar al corriente”, y, por tanto, las subvenciones correspondientes.

Para IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, “la labor que realizan las entidades sin ánimo de lucro es fundamental en nuestra sociedad, en particular la de aquellas que cubren espacios sociales”, pues complementan diversas actuaciones de las administraciones públicas.

La iniciativa, firmada por los diputados Ricardo Sixto y José Luis Centella, señala que “la crisis económica está haciendo tambalear los cimientos de buena parte” de estas entidades, debido a la “reducción sustancial de las ayudas que reciben de las instituciones públicas y de las entidades privadas”.

SIN LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS

“También hay que considerar que las obras sociales de las cajas de ahorro que han pasado a ser bancos han desaparecido”, apostillan en la proposición.

Estas entidades sociales, explican, también tienen obligaciones con sus proveedores que no pueden atender por los recortes en las ayudas y, en su caso, por la demora en el pago de las mismas por parte de las administraciones públicas.

La Izquierda Plural recuerda que hay dos reales decreto que ayudarían a mejorar la situación de las entidades sin ánimo de lucro. Uno es el 4/2012, de 24 de febrero, que “habilita las condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios”.

El otro es el ya citado 7/2012, de 9 de marzo, que regula las condiciones de ejecución de las operaciones destinadas al pago de las obligaciones pendientes de las entidades locales y de las comunidades autónomas que se hayan acogido al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores.

“Ambas disposiciones intentan hacer frente al progresivo agravamiento del problema de los impagos de administraciones territoriales a sus proveedores de bienes y servicios con especial impacto en las pequeñas y medianas empresas, creando el instrumento financiero necesario para ejecutar un plan de pago a proveedores”, afirman los parlamentarios.

Para estos dos diputados de IU, “podría extenderse ese mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de entidades sociales”.