Así se expresó en una rueda de prensa con motivo de la constitución de una plataforma sindical de toda la función pública en la que intervino junto al secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Enrique Fossoul y el presidente de CSI-F, Miguel Borra.

El objetivo de esa plataforma, en la que están representados además de CCOO, UGT y CSI-F, sindicatos como USO y CGT además de sectoriales de justicia, enseñanza, hacienda, sanidad, policía o guardia civil, entre otros; es acordar un calendario de movilizaciones a corto y medio plazo que se dará a conocer, como muy tarde, el próximo miércoles, 25 de julio.

En esta plataforma, se decidirá si se apoya la propuesta del sindicato de funcionarios CSI-F de convocar una huelga de la función pública a finales de septiembre o se aboga por esperar una convocatoria de huelga general.

Según explicó Lacuerda, los sindicatos de funcionarios consideran que “en esta ocasión, a diferencia de mayo de 2010, el alcance de las medidas acordadas por el Gobierno afecta de manera general a todos los sectores productivos del país”.

A este respecto, denunció que el Gobierno utiliza “su mayoría absoluta para, en cierto modo, dar un golpe de mano democrático porque ninguna medida ha sido contrastada, ni consensuada, ni analizada con los colectivos a los que van dirigidas”.

Preguntado por las palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien advierte de que no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios, Lacuerda afirmó que “es lamentable que en quien recae la responsabilidad de tratar de demostrar confianza hacia el exterior, cada vez que abra la boca cometa ese tipo de errores”.

“Cuando habla sube el pan”, añadió Lacuerda, que cree que Montoro está buscando “comprensión” para sus medidas.