Según el Gobierno, esta Ley pretende mejorar la transparencia, la eficiencia y la cercanía de los ciudadanos con la Administración aprovechando las nuevas tecnologías.

El objetivo es que los ciudadanos puedan acceder a la mayoría de los trámites burocráticos desde su ordenador a través de Internet.

Para ello, el real decreto establece un marco "más flexible" en la implantación de la Administración Electrónica sin descuidar los niveles de seguridad y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos.

Este texto contempla la regulación del punto de acceso general a la Administración General del Estado y a los organismos públicos, en el que el ciudadano encontrará la información necesaria para participar en los procedimientos electrónicos.

También desarrolla la normativa de los registros electrónicos, con la novedad de la creación de un registro electrónico común que recibirá los escritos y comunicaciones que presenten los ciudadanos.