Rafael Puertas fue acusado en 2007 junto con el resto de la cúpula directiva de una presunta malversación de los fondos de la Organización Intervida que “llegó a ser la primera de España, que ha perdido más de 200.000 afiliados y que ha reducido el número de beneficiarios de los cinco millones en 2007 a los 800.000 en 2011”, afirmó el fundador.

El 23 de marzo de 2012, tras nueve años de investigaciones (cuatro de fiscalía y cinco de instrucción), el juez Pablo Ruiz dictó "auto de archivo del caso Intervida, por no haberse encontrado indicio alguno del delito" en las “falsas acusaciones vertidas sobre los fundadores y el resto de imputados”, explicó Puertas.

El jueves 12 de julio, el juzgado ordenó el levantamiento de las medidas cautelares de intervención, normalizando así la situación de la ONG con el regreso de los fundadores y patronos de las entidades. “De manera totalmente sorpresiva acudimos a tomar de nuevo posesión de nuestros cargos y nos dicen que no podemos porque la fundación depende ahora de la Generalitat de Cataluña que, evidentemente, no quieren perder el control de las suculentas cantidades de dinero acumuladas en Intervida, cuyos destinatarios debían ser los niños más pobres del Tercer Mundo”, declaró Puertas.

El Director General del Protectorado de Fundaciones les explicó que sus cargos habían vencido hacía 10 días y que sería la Generalitat la que debería decidir a quiénes ponía al frente de la Organización.

Ante esto, el fundador quiere y pide a la Generalitat “explicaciones suficientes del por qué no puedo seguir trabajando si ya se ha demostrado que soy una persona legal y honesta”, afirmó.

“Mañana enviaré una carta a Artur Mas, presidente de la Generalitat, para que me dé estas explicaciones. Creo que las más de 360.000 familias que apadrinaban niños en Intervida, los cinco millones de seres humanos que recibían sus ayudas y los más de 3.000 profesionales de la organización se merecen una respuesta, al igual que me la merezco yo mismo, los patronos y la propia ONG”, resaltó.

Puertas concluyó que “llegaré hasta donde haga falta y si no se me dan las razones suficientes por las que me impiden incorporarme a mi puesto de trabajo, interpondré una querella contra la Generalitat”.