Según la organización, con los derribos realizados en la madrugada de hoy se agrava la ya dramática situación de las 54 familias del poblado, afectado por los desahucios desde 2010.

Entre otras garantías, AI señaló que para realizar un desalojos se debe efectuar una consulta genuina previa, ofrecer un alojamiento adecuado a las familias, llevar a cabo un examen de la proporcionalidad de la medida y valorar su impacto global. "Lo contrario contraviene las normas internacionales de derechos humanos”, prosiguió AI, organización para la cual “la actuación del Ayuntamiento está muy lejos de haberse ajustado a dicha normativa”.

Amnistía asegura que solo a una persona, entre todos los damnificados esta madrugada, se le ha ofrecido un techo “durante dos días” a cargo del Samur Social.

Por todo ello, AI urge a la alcaldesa, Ana Botella, a poner fin a los desahucios en el poblado y a proporcionar cobijo a las familias perjudicadas.