Dichas organizaciones han denunciado que la reforma sanitaria, algunos de cuyos preceptos entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre, puede costar vidas entre los inmigrantes en situación irregular, así como a españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado.

Por ello, han entregado de forma simultánea en las Presidencias de las distintas comunidades autónomas más de 59.000 firmas, para pedir que se garantice el acceso y el disfrute del derecho a la salud de todas las personas, en cumplimiento a las obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación.

Las ONG denuncian que la reforma sanitaria vulnera obligaciones internacionales contraídas por España, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados a proteger y cumplir el derecho a la salud sin discriminación, así como la propia Ley General de Salud Pública 33/2011.

DERECHOS HUMANOS

Estas organizaciones denuncian asimismo que, sin tener en cuenta estas normativas, la nueva reforma sanitaria puede provocar que los inmigrantes vean interrumpidos sus tratamientos y seguimientos sanitarios, así como la imposibilidad de acceder a la medicina preventiva, y que españoles mayores de 26 años, considerados hasta ahora como “asegurados y beneficiarios”, no cuenten con asistencia sanitaria.

Desde Amnistía Internacional lamentan que el Gobierno no haya promovido un debate informando y fomentando una mayor participación social en esta reforma, ya que afecta a los derechos humanos, entre ellos los derechos a la salud y a la vida.

Asimismo, las organizaciones alertan de que estos recortes de derechos, acompañados de discursos en los que se acusa a las personas inmigrantes de una utilización indebida de los servicios de salud, pueden contribuir a construir prejuicios sobre este colectivo, estigmatizándolo y alimentando comportamientos discriminatorios y xenófobos.