La Junta de Extremadura está en contra del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno central y por el que posibilita a las empresas eléctricas a repercutir el coste de la ecotasa en los consumidores extremeños.

Esta posición del Gobierno extremeño se concretará en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este Real Decreto, según han anunciado los consejeros de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, y el de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri.

Este desacuerdo se justifica en que el Real Decreto vulnera el espíritu del impuesto autonómico, ya que producción de energía se repercute no sobre los que la producen, sino sobre los que la consumen. Además, se penaliza a los habitantes de una comunidad autónoma que produce y exporta energía al resto del Estado, concretamente el 75 por ciento de energía que produce.

También Extremadura, según el consejero de Economía y Hacienda, es una de las regiones que consume mas racionalmente esa energía, y lo que hace el Real Decreto es penalizar un consumo racional de esa energía, y se penaliza a una Comunidad Autónoma que sufre el impacto medioambiental provocado por las eléctricas y la peligrosidad social en tanto en cuanto alberga una central nuclear en su territorio.

Según Antonio Fernández, el Gobierno central ha fallado tanto en el fondo como en la forma a la hora de poner en marcha este decreto, puesto que no lo ha negociado con ninguna comunidad autónoma productora de energía.

No obstante, el consejero considera que este impuesto no se pondrá en marcha hasta el próximo ejercicio y que de momento, por la fecha de su entrada en vigor el 14 de julio, no va afectar al impuesto extremeño que grava directamente a las productoras de energía , dado que el devengo del impuesto extremeño tiene fecha de 30 de junio.

Fernández ha anunciado que planteará ante la Asamblea que el incremento de tarifas a las productoras de energía aprobadas por el Parlamento durante el debate presupuestario, y que supondrían unos ingresos de 1,20 millones de euros, quede en suspenso hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional respecto al recurso que interpondrá el Gobierno extremeño.

TRATO ENERGÉTICO DIFERENCIADO

Por su parte el consejero de Agricultura, desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, suscribió lo dicho por el consejero de Economía y Hacienda respecto al desacuerdo con el Real Decreto tanto en forma como en fondo si bien, el Gobierno extremeño coincide con el central en la necesidad de reducir el déficit tarifario.

Echávarri se mostró crítico con las decisiones adoptadas por el Gobierno de Madrid con respecto a la producción de energía, tanto por los sistemas tradicionales como por las alternativas, decisiones que afectan negativamente a Extremadura que tenía puestas sus esperanzas de crear empleo y riqueza en varios proyectos de energías renovables fotovoltaicas y de biomasa, proyectos que siguen adelante, puesto que el Gobierno central se comprometió a dar el visto bueno a todos estas iniciativas en Extremadura, si bien, sin primas.

Poco después era el propio presidente extremeño, José Antonio Monago, quien ratificó la posición de la Junta que preside contra esta reforma de la ecotasa.

"No tiene sentido que se grave a los consumidores si lo que buscamos con esta tasa es gravar el riesgo de determinadas actividades energéticas", dijo, y agregó: "Quien contamina debe pagar pero no los extremeños que exportan la actividad eléctrica producida en Extremadura”.

Por tanto, según Monago son las empresas las que deberían asumir los costes porque, según ha explicado el presidente regional, "el potencial contaminador que se produce aquí de una actividad que se genera y despliega en toda España no lo pueden pagar los extremeños”.