Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han rechazado el recurso presentado por la Fiscalía y ha confirmado íntegramente la resolución dictada el pasado 7 de mayo por el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro.

El tribunal, a través de dos autos dictados hoy, también confirma la decisión del juez Castro de no imponer a los dos etarras la prohibición de acudir a Bilbao, donde residen algunas de sus víctimas. Este fue el punto recurrido por el Ministerio Público.

Los magistrados de la Sala de lo Penal, presididos por Fernando Grande-Marlaska, destacan que Astarloa y Pérez de Nanclares se han desvinculado públicamente de ETA, han repudiado el uso de la violencia y han pedido perdón a las víctimas.

El tribunal señala que el juez de Vigilancia Penitenciaria les impuso para obtener la libertad condicional “distintas medidas y reglas de conducta” que permiten garantizar que no causarán “un perjuicio complementario a la sociedad en general y a las víctimas directas en particular”.

MEDIDAS DE VIGILANCIA

El juez Castro ordenó que los etarras quedasen sujetos “al cuidado y vigilancia del familiar que se designe” y que fuesen sometidos a un seguimiento por parte de los servicios sociales penitenciarios.

Estos servicios, a través de entrevistas mensuales, deben acreditar que Pérez de Nanclares y De Luis Astarloa mantienen su “desvinculación de la actividad, entorno e ideología terrorista”, así como el seguimiento del pago de la responsabilidad civil “hasta su abono definitivo”.

“Se pondrá especial atención en las entrevistas y seguimientos para valorar la posible aparición de elementos o circunstancias que pudiesen suponer una regresión al posicionamiento ideológico anterior”, advertía el juez en sus autos.

El magistrado ordenó por último a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que estudie “la posibilidad y pertinencia” de que Pérez de Nanclares y De Luis Astarloa participen “en programas de mediación o encuentros con las víctimas”.

Pérez de Nanclares, encarcelado en el Centro Penitenciario de Basauri (Vizcaya), permanecía en prisión desde mayo de 1992. Ha sido condenado, entre otras cosas, por colaborar en el asesinato del guardia civil José San Martín Bretón, perpetrado en Getxo (Vizcaya) el 25 de febrero de 1992.

De Luis Astarloa, interno en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), estaba en prisión desde marzo de 1987 y ha sido condenado por su participación en dos asesinatos.

Ambos fueron expulsados del colectivo de presos etarras.