Unesa indicó que el beneficio neto de la actividad de las eléctricas en España se sitúa en 3.063 millones y recordó que la aplicación de las nuevas medidas se sumarían al recorte de finales de marzo a la distribución y pagos por capacidad de unos 8.000 millones.

Las eléctricas calificaron de “incomprensible” que el déficit de tarifa de unos 25.000 millones de euros, “en parte titulizado pero en gran parte financiado por las cinco compañías de Unesa”, se ataje con medidas que repercuten “negativamente en quienes o financian en lugar de en aquellas compañías que lo generan”.

La asociación presidida por Eduardo Montes señaló en un comunicado que las medidas producirían “una nueva caída de resultados dejando el beneficio de estas empresas en España a cero”.

En este sentido, recordó que las cinco compañías que integran Unesa -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC y E.On-, emplean de manera estable a 37.000 personas de manera directa y a 147.000 indirectamente, con una inversión de unos 3.000 millones de euros anuales de forma regular y unas acciones “en manos de cientos de miles de pequeños inversores”.

“De confirmarse las medidas, las empresas se verían sometidas a los impairments lo que probablemente supondría una reducción de su rating que dificultando su capacidad para y por lo tanto reduciendo sus posibilidades de inversión”, indicó Unesa.

“Especialmente llamativas e injustificadas” son para las eléctricas las tasas de generación previstas para las tecnologías hidráulica y nuclear ya que “están basadas en datos erróneos” y en la existencia de unos “teóricos windfall profits totalmente inexistentes”.

Asimismo, Unesa consideró que las medidas “agravan la situación de las tecnologías de generación térmica, en especial los ciclos combinados, que se han visto desplazadas en su funcionamiento por el incremento del régimen especial”.

Unesa calificó de “urgente” poner solución al déficit de tarifa “atendiendo a las verdaderas causas del mismo”, es decir, “las subvenciones muy abultadas a determinadas tecnologías”, ya que de lo contrario “no se conseguirá que la energía eléctrica en España tenga unos precios similares a los de otros países de la Unión Europea”.

De esta forma, las compañías eléctricas solicitaron al Gobierno que lleve a cabo una reforma estructural reduciendo los costes del mismo en lugar de aumentar los impuestos.