Para CCOO, mantener indiscriminadamente las exigencias del 9% de capital TIER1 hasta 2014, por encima del 6% exigible al resto del sector financiero europeo, no hará sino seguir dificultando la circulación del crédito, lastrará la rentabilidad y cotización de las entidades españolas y perjudicará su competitividad en un entorno global.

En un comunicado, CCOO niega además la necesidad de seguir rebajando de manera sustancial el volumen de empleo. “Tales afirmaciones son un lugar común que lo único que provocan es miedo y ceban un conflicto social”, añade.

Además, recuerda que el sector financiero ha experimentado un ajuste de casi 30.000 empleos entre 2008 y 2011, lo cual hace “innecesario y contraproducente” que sea la vía de la destrucción de empleo la medida preferente para racionalizar las entidades.

CCOO lamenta también la "nula sensibilidad" que se recoge con los inversores minoristas que han visto depreciados o indisponibles los ahorros que han invertido en participaciones preferentes o en acciones tras procesos de salida a Bolsa, que se han constatado como totalmente inadecuados y sobre los que los tribunales han de determinar si no han sido directamente estafas.

Por otra parte, alerta de que la obligación de eliminar las cajas de ahorros como entidades de crédito, de derecho, y las cooperativas de crédito, de hecho, convirtiéndolas en bancos, no sólo provocará exclusión social, sino una operación de venta precipitada, minusvalorada e ineficiente, como ha quedado acreditado tras las salidas a bolsa de Bankia y Banca Cívica.

Además, señala que la incertidumbre sobre la creación del banco o bancos malos (Agencias de Gestión de Activos) no sólo genera problemas de competencia, sino también acerca del coste de la operación, y defiende que este instrumento de saneamiento de balances no debería aumentar el coste del rescate.

CCOO considera que, aunque pudieran ser positivas las medidas que refuerzan la autonomía del Banco de España frente a las competencias de Economía, no son más que la directa intervención del BCE, sin que se haya constituido aún la Unión Bancaria, ni se haya garantizado que dicha institución actúe como la Reserva Federal que necesita la Unión Europea.

Por último, denuncia la pérdida de autonomía de las autoridades españolas sobre las decisiones que afectan al sector financiero, tras la falta de credibilidad generada por la gestión de la crisis de Bankia.

“La reestructuración impuesta repite el error de considerar a todas las entidades financieras españolas por igual, sin atender a la solvencia y resultados de cada una, convirtiendo el problema de una parte del sector en un problema de todo el sistema”, concluye.