Camarero respondía así a la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, quien denunció que la Ley está siendo "atacada desde que el PP llegó al poder", cuando paralizó el acceso a casi 400.000 personas con dependencia moderada, eliminó la partida presupuestaria correspondiente y después aumenta el copago de los usuarios, revisa las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares y potencia el papel del sector privado, lo cual "desvirtúa el sistema tal y como fue concebido".

Aseguró que hay en marcha un "proceso paulatino de desmantelamiento del sistema" emprendido además "sin hablar con nadie" y sin que haya habido explicaciones, comparecencias y debate parlamentario, tampoco sobre las últimas medidas propuestas ante el Consejo Territorial y que serán "la puntilla final".

Hay preguntas sin responder, aseguró, por ejemplo si se elevará de seis meses a dos años el periodo de tramitación y concesión de prestaciones, si se rebajará el indicador de referencia para el copago al 75% del Iprem, si se introducirá el copago de la teleasistencia, o si se permitirá el reconocimiento de deuda heredada por familiares con cargo a la vivienda habitual de dependiente.

Trinidad Jiménez se mostró convencida de que hay "mucha incertidumbre" en dependientes, familiares y profesionales del sector, a la que el Congreso de los Diputados "no puede ser ajeno", y menos cuando los mayores y los dependientes engrosan gran parte del 22% de la población que está en riesgo de pobreza.

Según Camarero la reforma que aprobará el Gobierno hará la ley "más justa, más solidaria, más eficaz, más transparente y sostenible en el tiempo", manteniendo una norma que "el Gobierno socialista dejó abandonada".

A su juicio, la "prisa" de los socialistas para que comparezca la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, sólo se debe a un comportamiento "demagógico" que sólo pretende beneficios partidistas para el PSOE.

Al PP le preocupa, dijo la diputada, "la oposición destructiva y voraz" de los socialistas, que llevan semanas criticando una reforma que no conocían.

Estas modificaciones, dijo, son "un balón de oxígeno para una ley gravemente enferma por la mala gestión" de un Gobierno socialista. Camarero acabó pidiendo a Jiménez "menos manipulación y menos demagogia" y reclamó al PSOE "comprensión y apoyo".

Ambas se echaron en cara la herencia en esta materia. Mientras la diputada socialista

afirmó haber dejado una "buena herencia" al PP, que no ha "colaborado" en su mantenimiento, la representante popular calificó lo recibido de "herencia lamentable".

En nombre de IU, Gaspar Llamazares aseguró que los cambios que piensa introducir el Ejecutivo reducirán un sistema de derechos a un modelo de "beneficencia" que conducirá a los más débiles "no sólo a la pobreza, sino a la exclusión social".

Esta reforma anticipa que "vamos a recorrer los caminos hacia la desigualdad" partiendo de una situación que tampoco es boyante. Llamazares señaló que España destina sólo el 1,5% del PIB a estos servicios. "Ningún país europeo es tan cicatero con su gente", afirmó.

El portavoz de IU insistió en que "esta ley no es inviable", cubre a 800.000 personas con un volumen económico "muy pequeño" y proporciona 250.000 empleos entre servicios profesionales y no profesionales" por lo que aseguró que es un modelo sostenible. Criticó especialmente la posibilidad de que las solicitudes de evaluación se puedan prolongar hasta dos años. Si eso se lleva a cabo es que "ya no hay derecho, porque en dos años, todos muertos".

CiU y el PNV se pronunciaron a favor de la comparecencia de Mato, preocupados por conocer los detalles de la reforma, por la posible invasión de competencias y por la financiación de una ley en su mayor parte está siendo asumida por las comunidades autónomas.

También a favor de la comparecencia se pronunció el portavoz de ERC, Alfred Bosch, quien dijo no compartir en absoluto unos recortes que "atentan contra los más fragiles" siguiendo un criterio "insolidario y poco inteligente" que acabará haciéndonos "menos humanos".