El portavoz del PSOE, José Martínez Olmos, argumentó la preocupación de los ciudadanos ante las “numerosas incidencias”, muchas de ellas “graves” y que generan inseguridad jurídica entre colectivos especialmente vulnerables, como pensionistas y enfermos crónicos.

Denunció además que los profesionales están “en absoluta soledad” y todo debido a una deuda que en realidad es sobre todo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y ante la que existen alternativas, como la subasta de medicamentos.

En nombre de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares denunció el “golpe contra el estado social” acentuado por las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,

Se trata, sentenció, de una “política de austericidio sin anestesia y por el camino de Grecia”, que lleva a España “del estado del medioestar al estado del malestar”.

En nombre del Grupo Mixto, Jon Iñarritu, subrayó que cerca del 21% de la población está ya al borde del umbral de la pobreza, hay una “urgencia social” y es necesario “blindar” las prestaciones públicas esenciales, como la sanitaria.

En contra de ello, lo que está haciendo el Gobierno es “potenciar la miseria” y permitir “auténticos dramas sociales” de miles de pensionistas que cobran menos del salario mínimo y a los que poco menos que la ministra dirá en breve que se compren “amuletos” o que vayan a “echarse las cartas”.

Aitor Esteban, del PNV, respaldó las peticiones por entender que esa medida puede tener incidencia en la salud de los ciudadanos y que, además de las incidencias en la aplicación, “da un vuelco al reparto competencial” entre el Estado y las comunidades autónomas.

También se mostraron a favor los portavoces de UPyD, Irene Lozano, y de CiU, Antonio Picó, a cuyo grupo las medidas no gustan “ni por el contenido ni por la forma” porque se conculca el reparto competencial y porque la realidad está demostrando la dificultad de aplicarlas correctamente.

La portavoz del PP, Marta Torrado, insistió en que era necesario atajar la deuda de 16.000 millones de euros, y en que la sanidad es para el Gobierno una prioridad que pretende garantizar con justicia social, equidad, universalidad y con calidad en las prestaciones.

El sistema aprobado, defendió, permite que paguen más los que más tienen y “protege” a los más afectados por la crisis. Además, aseguró que la mayor parte de las incidencias han sido “leves” y ningún colegio oficial ha reportado problemas de gravedad.

Considera además que la ministra ya ha dado explicaciones sobre las medidas y sobre la situación del sistema en el momento en el que tomó posesión.