Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Rajoy avanzó que la reforma de la administración que está ultimando el Ejecutivo incluirá una disminución del número de ediles en los ayuntamientos.

Rajoy explicó que quiere "reducir un 30% el número de concejales por tramos de población". De aplicarse estrictamente, supondría reducir los 68.462 concejales que fueron elegidos en 8.116 municipios en los comicios de mayo de 2011 a poco más de 45.000 ediles

El artículo 179.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece en la actualidad un número exacto de concejales en función de la población de cada municipio y es ese baremo el que pretende modificar el Gobierno.

Así los de hasta 100 residentes tienen derecho a 3 concejales, 5 los de menos de 250, 7 los de menos de 1.000, 9 los de menos de 2.000, 11 los de menos de 5.000, 13 los de menos de 10.000, 17 los de menos de 20.000, 21 los de menos de 50.000 y 25 los de menos de 100.000.

Para localidades con mayor número habitantes, la Ley concede un concejal más "por cada 100.000 residentes" y permite añadir "uno más" en caso de que el total de ediles sea par.

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

Rajoy insertó esta medida dentro de la reforma de la administración que el Gobierno lleva preparando varias semanas y que se sustanciará también con la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local.

Aseguró que el objetivo es "delimitar las competencias de cada administración, solucionar el problema de las competencias impropias para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no se cuenta con la financiación necesaria y reforzar el papel de las diputaciones provinciales con el fin de centralizar la prestación de servicios".

A su juicio, así se conseguirá "primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa de una administración, una competencia".

Señaló que las estimaciones que ha realizado el Gobierno auguran un ahorro "en el entorno de los 3.500 millones" con esta reforma de la administración, con la que pretende garantizar que los pequeños municipios "puedan recibir servicios públicos adecuados, a precios razonables y mejor gestionados".

Para ello, el presidente del Gobierno adelantó que "se va a mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, con el fortalecimiento de la imparcialidad del interventor municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional".

Además, se producirá una "homogenización de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales" mediante la aprobación de un baremo de sueldo según la población de cada localidad, que deberá incluirse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

Finalmente, pidió una "drástica reducción" de empresas públicas en el ámbito local y en las comunidades autónomas después de haber comprobado que existen "duplicaciones e incluso triplicaciones de servicios" en las distintas administraciones, lo que en su opinión "lleva al despilfarro del gasto público y grandes ineficiencias".