Además, el Gobierno dejará de pagar la seguridad social a los nuevos cuidadores familiares, ya que, según señaló la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, existe una deuda de 800 millones de euros de los actuales cuidadores, que están dados de altas en la Seguridad Social.

El espíritu de la reforma es priorizar los servicios profesionales frente al cuidado familiar, porque, según dijo la ministra, el cuidador familiar es la excepción de la ley, requisito que no se estaba cumpliendo.

Mato afirmó que la reforma del sistema de dependencia era "urgente"

porque estaba a punto del "colapso", con una lista de espera de 300.000 personas y que se habían superado las previsiones de la ley en

2.724 millones de euros. "El sistema estaba desbordado, es insostenible y, por esto, necesita un cambio urgente", aseveró Mato.

"El Gobierno pretende con las medidas actualizar y mejorar un modelo que había quedado desfasado a los cinco años de ponerse en marcha debido a la falta de control y a un desarrollo normativo repleto de improvisaciones", agregó la ministra.

Y para primar los servicios sobre las actuales prestaciones económicas, reconocidas como "excepcionales" por la Ley de Dependencia, se ha arbitrado un sistema con las comunidades autónomas para que en el plazo de cinco años reciban la misma cantidad de dinero por número de beneficiarios que servicios prestados.

Esto se hará progresivamente, de forma que si ahora el Gobierno otorga el 90% del dinero de la dependencia en función del número de beneficiarios que tenga cada CCAA y el 10% restante teniendo en cuenta los servicios que prestan, en el plazo de cinco años, los porcentajes serán del 50% en ambos casos.

Como el Gobierno se ha propuesto "priorizar la atención de los grandes dependientes y de los dependientes severos", ha decidido retrasar la entrada en el sistema de los dependientes moderados hasta el año 2015, con lo que hasta esa fecha quedarán en manos de los servicios sociales autonómicos y regionales.

Se simplifican, igualmente, los grados y niveles en que estaba dividido hasta ahora el sistema, que pasará de tener seis compartimentos a tres para encajar a los beneficiarios, en función de su grado de dependencia. Es decir, habrá grandes dependientes, dependientes severos y dependientes moderados, pero sin niveles de graduación en cada uno de estos escalones.

Otra de las propuestas aprobadas es que los dependientes con una renta inferior al Iprem no tendrán que pagar por los servicios que reciban dentro del sistema de atención a la dependencia.

Por su parte, la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, criticó que muchas de las modificaciones presentadas por la ministra fueron "in voce" y se mostró en contra del recorte del 15% a las prestaciones de los cuidadores familiares porque, explicó "en Andalucía, una sociedad rural, las personas dependientes quieren que se les cuide en su casa y no en residencias que les supone alejarse de su entorno".

También dijo que en la reunión "no ha habido consenso", aunque se mostró satisfecha de que las personas con menos recursos no tengan que realizar copago por la prestación.