El magistrado ha admitido a trámite la querella en contra del criterio de la Fiscalía, que solicitó su rechazo argumentando que “en este momento inicial no es posible establecer si efectivamente se han producido hechos penalmente relevantes y, en consecuencia, tampoco imputar conductas delictivas a determinadas personas sobre la base de su pertenencia al Consejo de Administración de Bankia”.

Andreu, en contra de este criterio, señala en el auto de admisión a trámite, dictado hoy, que los hechos denunciados si “presentan indiciariamente relevancia penal”, por lo que merecen una investigación.

En la causa están imputados ya un total de 33 miembros de los últimos consejos de administración de la entidad y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entre los que destaca Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú.

La querella presentada por la plataforma ciudadana “15MpaRato” el pasado 14 de junio atribuye a los antiguos responsables de Bankia delitos de estafa, administración desleal y falsedad contable.

El juez, también en contra del criterio de la Fiscalía, ha decidido aceptar la personación del 15-M como acusación particular –afectados directos- ya que la querella la suscribieron también un grupo de pequeños accionistas de la entidad bancaria que alegan haber perdido 106.000 euros. Andreu todavía no se ha pronunciado sobre la querella presentada por Manos Limpias contra Bankia.

INTERVENCIÓN JUDICIAL

El juez de la Audiencia Nacional destacó en el auto de admisión de la querella de UPyD, dictado el pasado 4 de julio, que la presunta estafa de Bankia habría podido producir “una grave repercusión en la economía nacional así como un perjuicio a una generalidad de personas”, ya que la entidad bancaria tiene “suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes”.

El magistrado ha admitido asimismo que la representación procesal del 15-M participe en la vista que ha convocado para el próximo 23 de julio para estudiar y decidir sobre la posible intervención judicial de Bankia, solicitada también por UPyD.