El más explicito al respecto fue el candidato Andrés Ollero, propuesto por el PP, quien pidió a los partidos que no conviertan al TC en “una prórroga del debate político” ni lo utilicen para dirimir “debates morales”. Este candidato, que inició su intervención pidiendo que no se le atribuya “la condición de conservador”, afirmó que en la actualidad se “sobrecarga demasiado” al Constitucional debido a la falta de “lealtad” por parte de los poderes del Estado, quienes, a su entender, deberían “pensárselo un poco” antes de recurrir en amparo ante la institución.

También señaló que la Constitución “se ha modificado muy poco” y solo se ha hecho por cuestiones “internacionales ajenas al debate político”.

DISCRIMINACIÓN A LOS HOMOSEXUALES

Con respecto al recurso presentado por el PP contra el matrimonio homosexual, dijo que lo que tiene que dirimir el TC es si se debe cambiar la Constitución para que pueda haber un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ollero, que fue catedrático de derecho en distintas universidades y diputado del PP a lo largo de cinco legislaturas, dijo en este sentido que no se opondría a una reforma del artículo 14 de la Constitución, que establece que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, para incluir la mención a la “orientación sexual”. “Es obvio que en nuestro país ha habido discriminación hacia los homosexuales, me parecería bien inclusión”, señaló.

También aseguró que la inclusión de la Iglesia Católica en la Constitución a través de la referencia que se recoge en el artículo 16 “no era imprescindible” y dijo que con respecto a la laicidad del estado hace suya “la postura de Santiago Carrillo”.

TERCERA CÁMARA

El primer candidato en comparecer ante la Comisión, Juan José González Rivas, propuesto por el PP, afirmó que “se ha producido un abuso del recurso de amparo” ya que “se ha intentado convertir del Tribunal Constitucional en una tercera instancia”. González Rivas, que ha sido letrado del Tribunal Constitucional y que en la actualidad es presidente de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, también abogó por una “auto restricción interna” del Supremo y del Constitucional para rebajar las fricciones entre ambos organismos.

La candidata Encarnación Roca i Trias, propuesta por el PSOE, también criticó el abuso de los recursos al Constitucional. “No se puede estar recurriendo constantemente”, dijo. Roca i Trias, antigua profesora universitaria y con categoría de magistrada en el Tribunal Supremo, aseguró que el Constitucional “tiene el control del Estado en sus manos”. También indicó que el hecho de que los tribunales constitucionales corran el riesgo de convertirse en una suerte de “tercera cámara” no es un fenómeno exclusivo de España sino que sucede “en todos los países del mundo”.

La candidata propuesta por el PSOE tuvo asimismo palabras para la reciente sentencia del Constitucional sobre Sortu. Defendió en este sentido la legalización de la formación y criticó al Supremo por haber basado su resolución en “sospechas”. “Un tribunal no decide por sospechas sino por indicios”, dijo.

El último candidato en comparecer, Fernando Valdés, propuesto por el PSOE, censuró que “se haya puesto en ocasiones al Constitucional en la tesitura de resolver debates estrictamente partidistas”. A pesar de reconocer que el TC es una “órgano político”, señaló que colocar a la institución “en debates partidistas no es una buena práctica política”. Valdés dijo que se trata de “un problema de lealtad constitucional”.

El candidato, procedente de la actividad docente y de la investigación jurídica, aseguró asimismo que la propia redacción de la Constitución “estaba anunciando el conflicto de competencias entre Estado y las comunidades autónomas”.

FARSA Y “PARIPÉ”

La reunión de la Comisión Consultiva de Nombramientos del PSOE también estuvo marcada por la polémica suscitada por las palabras de la portavoz y líder de UPyD, Rosa Díez, quien aprovechó su intervención para criticar a PP y PSOE por haber pactado de antemano los nombramientos y por convertir el trámite de examen de la Comisión Consultiva de Nombramientos en una “farsa” y un “paripé”.

“Estamos convocados a representar una especie de farsa, para dar apariencia de elección democrática a lo que no es sino un acto que sanciona la decisión de los dos grande partidos”, dijo antes de añadir que esta manera de actuar “pervierte la democracia” y genera “desapego entre los ciudadanos y la política”.

Tanto PP como PSOE rechazaron las palabras de la diputada de UPyD. El portavoz de los populares, Pedro Ramón Gómez de la Serna, tildó de “populistas” las declaraciones de Díez y le acusó de intentar “deslegitimar las instituciones”.

Gómez de la Serna aseguró que el examen de la Comisión es “un trámite de legitimación democrática del Tribunal Constitucional” y defendió como ético el hecho de que los nombramientos sean fruto “de un pacto de Estado entre los dos grandes partidos”. “Le hacemos un flaco servicio a nuestro país cuestionando los nombramientos”, dijo.

El portavoz del PSOE, Ramón Jáuregui, defendió por su parte que el examen de la comisión es “un trámite importante” y afirmó que los candidatos no responden a “propuesta politizadas o ideologizadas”. “Creo que lo importante hoy es que los grupos políticos hemos sido capaces de hacer una propuesta, hemos cumplido con nuestro deber”, señaló.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, pidió por su parte a los candidatos que, a la hora de desarrollar su actividad en el Tribunal Constitucional, tengan en cuenta la naturaleza “plural” del Estado y que la distribución competencial de las comunidades autónomas “debe ser acorde al espíritu” de la Constitución.

“Hay sentencias del Constitucional que pueden abrir brechas políticas y sociales muy importantes”, aseguró antes de citar la resolución sobre el Estatuto de Cataluña. Los portavoces del resto de los grupos parlamentarios no asistieron a la reunión.

CUATRO AÑOS DE RETRASO

Los cuatro candidatos -Juan José González Rivas y Andrés Ollero, por el PP, y Fernando Valdés y Encarnación Roca i Trias por el PSOE- sustituirán en el Constitucional al vicepresidente, Eugeni Gay, y a los magistrado Elisa Pérez Vera y Javier Delgado. Además, con su designación se cubre asimismo la baja causada por el fallecimiento en mayo de 2008 del magistrado Roberto García Calvo.

La renovación del Constitucional llega más de un años y medio de retraso en el caso de los sustitutos de Gay, Pérez Vera y Delgado, cuyo mandato finalizó en noviembre de 2010, y con más de cuatro años en el caso del magistrado que debe ocupar la plaza de García Calvo.

El retraso en la renovación ha causado un gran malestar en el seno del Constitucional, quien ha reclamado en repetidas ocasiones a los partidos, principalmente a PP y PSOE, que alcanzarán un acuerdo y cumpliesen con sus obligaciones. Pérez Vera, Gay y Delgado llegaron a presentar su dimisión en junio de 2011, pero fue rechazada por el presidente del Constitucional, Pascual Sala.

APROBACIÓN EN EL PLENO

Tras el examen de la Comisión Consultiva de Nombramientos, la propuesta de los cuatro candidatos para el Tribunal Constitucional se elevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación, un trámite para el que se requiere una mayoría de tres quintos, es decir, el voto de un total 210 diputados.

PSOE y PP superan este número (cuentan entre los dos con 295 parlamentarios), por lo que los cuatro candidatos serán elegidos y ingresarán en el Constitucional. Está previsto que esta sesión plenaria se celebre la tercera semana del mes de julio.

Los cuatro nuevos magistrados podrían tomar posesión de su cargo en el Constitucional antes de que finalice el mes.

El Constitucional quedará por lo tanto formado por estos cuatro nuevos miembros junto con el actual presidente, Pascual Sala, y los magistrados Luis Ignacio Ortega, Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Pérez de los Cobos, Francisco José Hernando, Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa.

Una vez tomen posesión los nuevos miembros, y debido a la salida de Eugeni Gay, el Tribunal Constitucional deberá reunirse en pleno para nombrar a un nuevo vicepresidente. El presidente Sala, en cambio, tomó posesión del cargo en enero de 2011 por un periodo de tres años, expirado el cual podrá ser elegido para un nuevo mandato

ABORTO Y MATRIMONIO HOMOSEXUAL

Este nuevo Tribunal Constitucional tendrá que hacer frente a asuntos de gran calado social como los recursos interpuestos por el PP contra el matrimonio homosexual, la ley del aborto o prohibición de las corridas de toros en Cataluña. La única causa en la que ya se ha avanzado es en la del matrimonio de personas del mismo sexo, un asunto en la que el ponente, Pablo Pérez Tremps, ya ha repartido su propuesta de sentencia, partidaria de avalar la norma legal y rechazar el recurso de los populares.

El Constitucional decidió además la semana pasada apartar al magistrado conservador Francisco José Hernando Santiago de las deliberaciones sobre el recurso del PP contra la reforma del Código Civil que autoriza desde julio de 2005 las bodas entre personas del mismo sexo. Hernando presentó su petición de abstención alegando que en su anterior condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) subscribió y votó a favor en el año 2005 de un informe totalmente contrario al matrimonio homosexual.

El pleno del Tribunal Constitucional admitió además a trámite la semana pasada el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra el decreto de ley que modificó el sistema de renovación del Consejo de Administración RTVE.