La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el informe de Montoro está ya en manos de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, y que cuando tenga forma de anteproyecto será el momento en que se conozca la cuantificación presupuestaria con que estará dotado.

El objetivo preferente, según señaló Santamaría, es dotar de una “mejor claridad” el marco competencial entre administraciones, así como la financiación de las mismas. A este conjunto de novedades se sumará también la ley de transparencia, que fijará los baremos de sueldos de alcaldes y concejales.

Ligó Santamaría todas estas novedades con la previsión de crear una unidad administrativa que se encargue de centralizar la compra y suministros de “toda la Administración General del Estado (…) para empezar a experimentar ahorros como en el ámbito de la Administración estatal”.

La nueva Ley de Bases supondrá “una fase importante en la racionalización”, subrayó al portavoz del Gobierno, quien recordó que en el ámbito de las administraciones locales son un verdadero quebradero de cabeza para ellas la asunción de las llamadas “competencias impropias, que no tienen ninguna financiación estable ni adecuada”.

Por eso defendió la iniciativa del Gobierno, pues servirá para “reordenar competencias en esos escalones, donde se pondrá claridad”. Y una nueva reordenación competencial para facilitar las gestiones a los ciudadanos, que aún deben enfrentarse “a una pluralidad de normas” sobre el transporte, seguridad industrial, etcétera…, sobre las que “tendremos que trabajar en las distintas conferencias sectoriales para pasar a la simplificación del procedimiento”.

“El ejemplo”, remarcó, “está en la Unión Europea. En España tendremos que construir ese mismo camino, que una licencia, una actuación administrativa pueda ser reconocida por todas las administraciones. Y en el pórtico de todo ello, una ley que regule esto”.