Así se afirma en el escrito acordado esta mañana en la reunión extraordinaria mantenida por los seis jueces de instrucción penal de la Audiencia Nacional: Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco.

Los instructores destacan en el escrito la “peligrosidad” de los delitos que se persiguen en la Audiencia Nacional y califican de “intolerable” la “publicidad que el Ministerio ha dado a su acuerdo de retirada de escoltas” lo que ha provocado que los propios delincuentes y terroristas sepan que “ya no gozan” de protección policial.

“Todos y cada uno de los jueces centrales del orden penal por desgracia son conocidos públicamente”, señalan en el escrito antes de añadir que sobre ellos existen “referencias públicas, con datos identificativos, fotografías y reiteradas imágenes de televisión”.

Los jueces de instrucción reclaman en base a estos elementos al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, que les dé traslado de “la valoración personalizada” realizada antes de decidir la retirada del servicio de protección policial.

El escrito también afirma que el servicio de escoltas no es un “privilegio” sino “una servidumbre inherente al cargo y funciones”.

ACTIVIDAD DE ETA

Los instructores afirman además que, en contra de lo alegado para justificar la retirada de los escoltas, “los servicios policiales competentes en la materia insisten en que ETA sigue activa y que no es descartable, como ha sucedido en otras ocasiones, que pueda volver a atentar”.

El escrito también destaca que, además de ETA, la Audiencia Nacional investiga y enjuicia a miembros del “terrorismo yihadista, terrorismo internacional, mafias y organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes”.

“Son muchas las ocasiones en las que, tras la toma de declaración o de adopción de medidas respecto a determinados imputados, al salir a la calle desde la Audiencia Nacional, el juez se está encontrando con personado que han acudido a apoyar al imputado en cuestión. Lo que ello supone no hace falta decirlo”, concluye el escrito, del que se ha dado traslado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a los ministerios del Interior y de Justicia.

La retirada de la protección policial a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional se hizo efectiva hace dos semanas. En este órgano solo mantienen la protección policial su presidente, Ángel Juanes, el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro. También permanecen con escolta, aunque de forma reducida, el teniente fiscal, Fernando Burgos, y el fiscal jefe antidroga, José Ramón Noreña. Estaba previsto asimismo que el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, mantuviese la protección, pero renunció a ella.