Caldera explicó que esas “malas prácticas” han sido claves en el agravamiento de la crisis, y por eso el debate para regular los incentivos y las retribuciones ya se está abriendo paso en todos los países que la padecen.

La evidencia es que los salarios de los ejecutivos han crecido muy por encima de la media, y si en los años setenta en Estados Unidos eran 25 veces superiores, ahora son 300 veces mayores, una “descompensación tremenda”.

También España está “en la banda alta” de las diferencias, “unos pocos han incrementado muchísimo sus retribuciones y la gran mayoría las ve estancadas”.

De hecho, las retribuciones medias de los directivos de las empresas del Ibex son 125 veces más que las del resto de trabajadores, “a todas luces exagerado”.

Caldera precisó además que las retribuciones fijas son en muchos casos “aceptables”, pero el problema son las variables, los incentivos y los bonos, que son “desmesurados” y que además están desvinculados de las responsabilidades por los riesgos.

Sobre todo en el ámbito financiero, “pero no sólo”, se ha instaurado la práctica de que los directivos se benefician directamente cuando ese riesgo sale bien, pero cuando sale mal son los accionistas o los tenedores de deuda los que pagan las consecuencias, denunció.

Propone por ello “alinear” las remuneraciones de los directivos con los riesgos y la calidad de las inversiones, modificando el Impuesto de Sociedades para que algunos gastos de personal sólo sean deducibles hasta un límite.

También quieren que las retribuciones de directivos se condicionen a las decisiones adoptadas en la junta de accionistas, como punto independiente del orden del día y con participación de los minoritarios.

Proponen asimismo que los complementos se liguen a la mejora del valor de las acciones a medio y largo plazo, no sólo a corto, como hasta ahora, y que mientras no haya beneficios no haya retribuciones extraordinarias. “Los bonus garantizados independientemente de los resultados de la empresa deben ser prohibidos”, dice el texto.

Además, sugieren que el conjunto de las retribuciones variables no pueda superar a las fijas, tal y como ha solicitado el Parlamento Europeo.

En esa misma línea, proponen que las “stock options” se aslimilen al salario para que coticen a la Seguridad Social con un tipo del 28%.

La iniciativa pretende también “desincentivar los blindajes empresariales desorbitados para el Consejo de Administración”, de forma que se condicione su percepción a la consecución de los objetivos, que las indemnizaciones no se contabilicen como gastos deducibles, y gravar con un tipo adicional en el IRPF las cantidades recibidas como blindaje, salario diferido, planes de pensiones, indemnizaciones o cualquier otro ingreso complementario.

En el caso de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas “debido a las pérdidas incurridas por la gestión desarrollada”, proponen modificar la legislación sobre sociedades para que los directivos reintegren las retribuciones recibidas en concepto de remuneración complementaria de cualquier tipo durante los últimos cinco años.

Además, en el caso de entidades mayoritariamente participadas por el Frob, proponen que esas retribuciones se limiten a los salarios máximos regulados en los Presupuestos para los funcionarios públicos y autoridades.