En una carta remitida a la Defensora, el presidente de Feaps, Juan Cid, asegura que al menos 3.500 profesionales de entidades de FEAPS están sufriendo “recortes en sus nóminas y retrasos en los cobros que en muchas ocasiones alcanzan varios meses”.

“Las organizaciones como Feaps cumplimos una función social que nos ha trasladado el propio Estado y que supone una obligación para el mismo. Por tanto, es un compromiso adquirido por las Administraciones Públicas garantizar un sistema de apoyos y servicios adecuado a estas y otras personas en riesgo de exclusión social”, señala Cid.

La confederación alerta de que la mayoría de sus 884 entidades se han visto afectadas por los importantes recortes económicos realizados por las administraciones públicas, y a ello se suma además que las administraciones autonómicas en muchos casos tampoco pagan el dinero que adeudan a las asociaciones, “lo cual agrava más aún la situación y las entidades deben recurrir a líneas de crédito que posteriormente deben satisfacer pagando un elevado interés”.

Según Juan Cid, hasta ahora estas entidades de Feaps “han puesto gran empeño en que la grave situación no repercuta en los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias”; y lo han hecho incluso “incrementando el esfuerzo personal que sus plantillas profesionales, sus dirigentes y las personas voluntarias que colaboran con las mismas realizan día a día”.

Sin embargo, y pese a este esfuerzo, Feaps calcula que existe en estos momentos un mínimo de 3.500 profesionales con problemas que están sufriendo recortes y retrasos en el cobro de sus nóminas, que en algunos casos alcanzan varios meses.

El presidente de Feaps invoca en su escrito al artículo 49 del título I de la Constitución Española, que afirma que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos".

Feaps considera que sin la labor de sus profesionales resulta imposible “garantizar los apoyos y servicios que necesitan las personas con discapacidad intelectual y sus familias, sin los cuales se ve gravemente vulnerado su derecho a participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto, y con ello, retrocedemos en todo lo conseguido hasta ahora para lograr la plena igualdad de todos los ciudadanos”.

De acuerdo al mandado del citado artículo 49, “las organizaciones como Feaps cumplimos una función social que nos ha trasladado el propio Estado y que supone una obligación para el mismo”.

La futura Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su presentación ante el Parlamento como candidata a este cargo, destacó que las actuales circunstancias económicas” harán que la protección social y económica, debida y recogida en la Constitución española, sean “objeto de una muy especial atención y seguimiento” de esta institución.