El magistrado les imputa delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar precio cosas y apropiación indebida, aunque a lo largo de la instrucción se concretarán los delitos que se atribuyen a cada uno de los imputados.

El juez destaca en el auto dictado hoy que la presunta estafa de Bankia habría podido producir “una grave repercusión en la economía nacional así como un perjuicio a una generalidad de personas”, ya que la entidad bancaria tiene “suma relevancia en el sistema financiero español, al tratarse del cuarto banco más grande de España en volumen de activos, con más de 11 millones de clientes”.

Andreu, en concreto, ha admitido a trámite la querella interpuesta por UPyD. También han presentado querella contra Bankia, aunque no se han admitido aún a trámite, Manos Limpias y el movimiento 15-M.

La Fiscalía Anticorrupción presentó este martes el informe en el que pidió al juez Andreu que admitiese a trámite la querella. Anticorrupción, que inicio su propia investigación contra Bankia el pasado 11 de mayo, ha puesto a disposición del magistrado la documentación que en su día requirió al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la auditora Deloitte.

INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

La querella de UPyD, presentada el pasado 11 de junio, pide a la Audiencia Nacional que decrete de forma cautelar la intervención judicial de la entidad para “proteger los derechos de los trabajadores y de los acreedores” y para evitar la destrucción de pruebas.

El magistrado ha decidido convocar una comparecencia para estudiar el caso y determinar si interviene la entidad. Ha convocado a estos efectos a los representantes de Bankia y BFA, a UPyD y a la Fiscalía Anticorrupción para el próximo 23 de julio a las 10.00 horas.

Andreu destaca en el auto hecho público hoy que Bankia, que salió a bolsa el 20 de julio de 2011, pasó “en unos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros, lo que ha exigido una próxima e importante aportación de capital público para el saneamiento de su balance”.

Señala en este sentido que el FROB tuvo que inyectar en la entidad “hasta 4.465 millones de euros de dinero público” y que los dirigentes de Bankia han tenido que solicitar 19.000 millones de euros adicionales “para poder acometer un plan de saneamiento y de recapitalización”.

RESCATE PÚBLICO

“El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo BFA-Bankia ascendería, por lo tanto, en esta hipótesis, a la suma de 23.465 millones de euros, lo que supone, sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional”, señala el auto.

Esta “grave repercusión en la economía nacional” determina, según la Ley, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos.

Andreu indica que la quiebra de Bankia, “por su tamaño, su complejidad, actividades transnacionales e interconexiones con el resto del sistema financiero, podría desestabilizar todo el sistema financiero del país”.

33 IMPUTADOS

Además de a Rato, Olivas, Acebes y Verdú, el magistrado ha imputado a los consejeros de Bankia José Manuel Fernández, Carmen Cavero, Arturo Fernández, Alberto Ibáñez, Javier López, Juan Llopart, Araceli Mora, José Antonio Moral, José Manuel Serra, Milano Soto, Antonio Tirado

También están imputados los consejeros del Banco Financiero y de Ahorro Francisco Pons, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, José María Fernández, Rafael Ferrando, José Manuel García-Fuster, Jorge Gómez, Agustín González, María Mercedes de la Merced, Jesús Pedroche, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, Ricardo Romero de Tejada, Juan Manuel Suárez del Toro, Antonio Tirado y Ángel Villanueva. Andreu ha imputado por último a las entidades Bankia y BFA como personas jurídicas.

A todos los imputados se les da traslado de la querella y se les citará a declarar como en una fecha todavía por concretar

VARIOS TESTIGOS

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido citar a declarar como testigos, también en una fecha todavía por determinar, al expresidente del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura; al representante legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); y a Francisco Celma, autor de la auditoría realizada por Deloitte sobre la entidad.

También solicita a Bankia y BFA que le entreguen copia de las actas de las reuniones del Consejo de Administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 hasta la actualidad y la documentación que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB. Solicita además al Banco de España, a la CNMV y al FROB los informes y la documentación que tengan sobre Bankia.

CRÉDITOS A LOS POLÍTICOS

Andreu también quiere investigar los créditos concedidos a los partidos políticos. Requiere en este sentido a las seis cajas de ahorro que formaron la entidad la documentación relativa a todos los créditos concedidos “a los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas”. Pide asimismo la documentación de los créditos concedidos a los directivos de las entidades y a sus familiares.

También solicita el sueldo percibido por los directivos así como las cláusulas de garantía o blindaje y los planes de prejubilaciones, de pensiones o de mutualidades que se les otorgó.