En su sentencia, el Supremo considera que estas medidas introducidas en el Real Decreto 1565/2010 “no son contrarias a derecho”, por lo que falla que “no ha lugar” las pretensiones de la demanda y desestima el recurso.

Asimismo, el tribunal se remite a sentencias anteriores en las que ya desestimó los recursos presentados por los titulares de las instalaciones fotovoltaicas y por la Asociación Empresarial Fotovoltaica.

También subraya que “no se puede aseverar” que las medidas aprobadas vayan a “situar la rentabilidad de las plantas de producción fotovoltaicas por debajo del umbral de la razonabilidad”.