La Comisión Permanente del CGPJ ha admitido a trámite la petición “a fin de verificar, con carácter previo a cualquier otra decisión, el estado de firmeza de las resoluciones en que se fundamenta la petición deducida”. La decisión se produce “sin entrar a valorar en ningún caso la actividad jurisdiccional”, según informa hoy el Consejo.

Las diligencias del CGPJ pasan por recabar de la Audiencia Provincial de Castellón el estado de las resoluciones de este caso y el estado de los recursos que se hubieran formulado.

El juez Pin, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Nules (Castellón), remitió un escrito al CGPJ en el que aseguraba que la Audiencia Provincial de Castellón le estaba presionando y que se consideraba "inquietado o perturbado" en su independencia como instructor.

La Audiencia Provincial de Castellón decidió excluir el delito de cohecho del proceso abierto contra el expresidente de la Diputación de Castellón por mediar presuntamente ante el Gobierno de José María Aznar para la comercialización de productos fitosanitarios. La Fiscalía ha recurrido esta decisión ante el Supremo.

El Alto Tribunal ya revocó en diciembre de 2011 una de las decisiones de la Audiencia Provincial de Castellón, en concreto el acuerdo por el que se declararon prescritos cuatro de los cinco delitos que se imputaban al dirigente del PP en Castellón.

Fabra estaba imputado en el Juzgado número 1 de Nules (Castellón) por delitos continuados de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública

15 AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía Anticorrupción llegó a solicitar un total de 15 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón en esta causa. El Ministerio Público pidió además ocho años de cárcel para María Amparo Fernández Blanes, entonces esposa de Fabra, y cuatro años de prisión para el matrimonio formado por Vicente Vilar y Montserrat Vives, los empresarios que comercializaban los productos sanitarios.

El fiscal aseguraba en su escrito de calificación que en el año 1999 Vilar y su mujer se pusieron en contacto con Fabra para que, “valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación en comercialización de productos fitosanitarios” elaborados por sus empresas.