Según Greenpeace, la calidad es la última prioridad en política de aguas en España. Por el contrario, la organización internacional denuncia que la mayor parte de las inversiones se destinan a la construcción de grandes obras hidráulicas, como embalses, trasvases y encauzamientos.

Ante la condena del Tribunal de Luxemburgo contra España por incumplir la directiva sobre calidad de aguas de baño, los ecologistas exigieron al Ministerio de Medio Ambiente que desarrolle una política de revención de la contaminación, "persiguiendo a aquellas empresas que vierten indiscriminadamente sus residuos al medio acuático".

Greenpeace instó al ministerio a reforzar los recursos humanos y materiales dedicados a la calidad de aguas, "en detrimento del esfuerzo que se dedica a obras hidráulicas".