Según la asociación, muchas de estas parejas han recurrido incluso a agencias especializadas en las que se les ha asegurado que "no les pueden garantizar que, a la hora de firmar el contrato y verles gitanos, el propietario firme".

Pese a que las asistentas sociales de la Asociación Gitana de Zaragoza trabajan para mediar en lo futuros alquileres y pese a la legislación vigente, que penaliza la discriminación racial en esta modalidad contractual, desde la asociación se reconoce que tampoco se puede obligar a nadie a que alquile una vivienda de su propiedad a otra persona, si no desea hacerlo.

El problema de este colectivo se ha agudizado especialmente tras la paralización registrada en la oferta de vivienda social por parte del Ayuntamiento y la Diputación General de Aragón, que se une al aumento de enlaces entre parejas deraza gitana.

La Asociación Gitana de Zaragoza prefiere abogar por una labor de concienciación ciudadana, antes que la mera denuncia, dado que, según aseguran, "se pueden levantar muchas ampollas y tampoco queremos que esto pueda llegar a convertirse entre un conflicto entre payos y gitanos".

Por otra parte, la asociación se halla ahora comprometida en un proyecto, denominado "Igloo" y respaldado por la Unión Europea, que consiste en formar en trabajos de albañilería a potenciales ocupantes de vivendas, de forma que éstos puedan utilizar su trabajo para rehabilitar los domicilios que ya posean o para canjearlo como "entrada" para la adquisición de un piso de protección oficial.