Fuentes socialistas hacen hincapié en la necesidad de hablar de "derechos sociales" para reivindicar una mayor atención de los poders públicos a las personas que más lo necesitan, y achacan al ansia del PP por el déficit cero la reducción en inversiones de los últimos años.

Argumentan los socialistas que España es hoy el país de la Unión Europea que menos gasta en protección social, que menos plazas tiene para niños de cero a tres años, con menos residencias para mayores y personas dependientes, el país en el que menos asistencia reciben los discapacitados, y que menos dinero destina a eliminar la exclusión.

España, dicen, esel país con el porcentaje más bajo de PIB destinado a ayuda a las familias, una situación que perjudica sobre todo a las mujeres porque son ellas quienes más cuidan de los mayores, niños y dependientes. El caso de los mayores es, en opinión de los socialistas, especialmente "alarmante", como muestran los casos de quienes mueren sólos, cincuenta durante el pasado año sólo en Madrid.

Es "escandaloso", añaden, que el 94% de las personas con discapacidad sean atendidos exclusivamente por sus familias sin poyo público, como es "inadmisible" que más de 100.000 personas con discapacidad severa estén esperando a ser atendidos en una residencia de cuidados especiales. Concluyen desde el PSOE que al PP "no le funciona el termómetro de la sensibilidad".

Frente a esta situación, los socialistas denuncian que el PP sigue ofreciendo "más de lo mismo", es decir, "fórmulas tradicionales propias de una concepción regresiva de la política social, recetas antiguas e insolidarias". "Es el modelo neoliberal del sálves quien pueda. El modelo rancio de la beneficiencia, de la caridad, el modelo Botella", apuntan, en referencia a la esposa del presidente del Gobierno.

En el PSOE sitúan los derechos sociales como elemento clave de su proyecto y aseguran que no consentirán la privatización del Estado del bienestar, sino que seguirán luchando desde comunidades autónomas y desde ayuntamientos por su fortalecimiento. "Es inmoral y poco eficiente", afirman, "querer endosar a la familia y a la sociedad civil la responsabiliad del Estado sobre protección social. Ello nos llevaría de nuevo a la desigualdad de oportunidades según el origen familiar, y el refuerzo de la dependencia familiar sobre todo de jóvenes, mayores y mujeres, en detrimento de la libertad y la autonomía personal".

Para ayudar a las familias, los socialistas proponen crear plazas en escuelas infantiles suficientes para atender las necesidades de 300.000 familias, abrir los centros docentes públicos durante once meses al año, siete días a la semana y doc horas al día, garantizar con ayuda a domiciliio la atención a personas discapacitadas, y certificados de excelencia para las empresas que incentiven la conciliación de la vida laboral y familiar.

En cuanto a los mayores, garantizan la ayuda a domicilio al menos al 60% de la población dependiente y del 100% de los discapacitados severos, al aumento de las plazas en residencias, centros de día y del servicio de teleasistencia, centros de estancia temporales y pisos tutelados, programas de descanso parafamilias que cuidan de sus mayores, ayudas para la adecuación de las viviendas de estas personas, y el fomento de la participación de los mayores en la vida de las ciudades.

Los socialistas incluyen en este bloque los planes integrales de lucha contra la violencia de género, la creación de una Agencia para la Igualdad de la Mujer en el empleo, y la garantía de la democracia paritaria.

También proponen un catálogo de medidas destinadas a los jóvenes, como destinar el 40% del suelo público edificabe a la construcción de viviendas protegidas, asegurar para ellos el 30% de los pisos de protección oficial, llegar al 40% de estudiantes becados, el incremento de los espacios de ocio juvenil, y el compromiso de favorecer el tránsito de los jóvenes hacia un proyecto de vida autónomo con medidas de todo tipo, comenzando por las laborales.

Finalmente, hablan en este sentido del derecho social a la salud. Los socialistas comprometen la cobertura de la salud buco-dental para los niños entre seis y quince ños y para las personas con discapacidad, revisiones anuales gratuitas y la creación del "dentista de cabecera", así como el derecho a una segunda opinión facultativa y a una garantía de tiempos máximos de espera en intervenciones, pruebas diagnósticas y consultas con especialistas.

Proponen también el reconocimiento del derecho a la implantación del testamento vital, el fomento de los comités de bioética, programas de revisión de salud a los mayores de 75 años en materia sensorial, oculistas, otorrins y podólogos, derecho a la libre elección de ginecólogo para las mujeres, y más atención a los enfermos de Alzheimer, cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Los socialistas garantizan, finalmente, que no implantarán nuevos copagos ni tasas sobre los medicamentos.