Al hablar de una materia que fija la atención del PSOE en esta campaña electoral, la dirección del partido recuerda que el precio medio de la vivienda ha crecio en más del 80% y el suelo es hoy un 120% más caro que en 1996 y que España es el país europeo que más dinero dedica a la construcción de viviendas, mientras el crecimiento de su precio ha sido seis veces superior a la media europea durante el último lustro.

A pesar de una significativa reducción de los tipos de interés, que los socialistas achacan únicamente a la entrada en el euro, la renta media que deben dedicar a ella los compradores, precisan, ha crecido en un 50% durante los últimos años. "El P ha convertido la subida del precio de la vivienda en el impuesto más gravoso para los ciudadanos", añaden.

Como ejemplo, calculan que a una familia con pocos recursos o a un joven medio español le cuesta la vivienda lo mismo que todos los impuestos que pagará durante toda su vida laboral. "No habrá política digna de vivienda mientras los ciudadanos tengan que dedicar todo lo que ganen durante diez años a comprar una vivienda", sentencian desde el PSOE.

Además, recuerdan que de cada cinco nuevasviviendas construidas, sólo se ocupan tres, de modo que el problema no es la escasez -hay un millón vacías-, sino su precio. Esto se añade, argumentan, al "desplome" de la promoción de vivienda protegida.

La situación, alertan, incidirá a largo plazo sobre la capacidad de desarrollo económico. "La movilidad de los trabajadores, la formación de nuevos hogares o la capacidad de mantener una política de moderación salarial que estimule la creación de empleo están siendo ya sensiblemente afectados", dicen "Cada euro más que se dedique a la adquisición de una vivienda es un euro menos para el desarrollo y el bienestar social".

Los socialistas responsabilizan al Gobierno de la carestía de las viviendas, "porque la legislación estatal sobre suelo favorece la especulación, el encarecimiento del suelo y de la vivienda y el uso irracional del suelo, fomentando una expansión irracional de las ciudades con graves efectos económicos, sociales y ambientales".

Consideran que el discurso de la "falsa liberalzación" para hacer frente a esta situación ha sido "un sonoro fracaso", ya que se ha construido con intensidad pero el precio de las viviendas ha tenido una escalada desconocida con anterioridad, convirtiéndola en un bien inaccesible para la mayoría, mientras se transfiere riqueza a los grandes propietarios de suelo.

Frente a todo ello, los socialistas se comprometen a hacer de la vivienda el núcleo central de sus políticas públicas durante la próxima década, comenzando por ayudas que permitan anualmete el acceso a la vivienda a no menos de 150.000 familias. Gobierno central, autonómicos y ayuntamientos deben concertar su acción, dicen, para reducir hasta un máximo del 30% del nivel de esfuerzo respecto de su renta en la adquisición de vivienda para los hogares con menor capacidad económica.

Garantizan además que el 40% de los patrimonios públicos de suelo se destinará a la vivienda protegida en alquiler y un 30% de las viviendas de protección oficial serán para jóvenes, a los que se facilitará elacceso también a locales comerciales y profesionales.

El programa electoral de los socialistas incluye un plan de promoción y creación de nuevas ayudas para los propietarios de inmuebles desocupados que se ofrezcan para su arrendamiento a jóvenes, la creación de nuevos fondos para la adquisición, conservación y rehabilitación de viviendas en alquiler, una mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos en el arrendamiento, y deducciones fiscales por alquiler de vivienda a todos los contribuyenes cuyo nivel de ingresos no exceda de 21.035 euros (3,5 millones de pesetas) en declaración individual y de 30.050 euros (5 millones de pesetas) en declaración conjunta.

Proponen también crear un registro obligatorio de inmuebles desocupados y fomentar en los municipios que lo necesiten la reserva de suelo para familias de renta media, de forma que ocupen el mismo entorno de ocio y servicios públicos hogares con todo tipo de rentas. Aquí entrarían también los programas para mejorar la calidad de vidade los mayores.

En materia de suelo, los socialistas comienzan por sugerir un aumento de competencias para los ayuntamientos y una mayor concertación de todos ellos con las comunidades autónomas, para que cada plan de actuación urbano deje el 25% de suelo para viviendas protegidas y el precio del suelo se fije en función de su valor de reposición, no de mercado, impidiendo así a los propietarios de suelo expropiado apropiarse de las plusvalías urbanísticas generadas como consecuencia de la actuación pblica.