Arenas ha tomado esta decisión tras conocerse, hoy, que el Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Simón de la Torre contra él, la primera de una larga lista de accioes judiciales presentadas por 27 cargos públicos socialistas denunciados por el PP en su lista de agresores.

El secretario segundo de la Comisión de Defensa del Congreso demandó a Arenas el 4 de abril y en su escrito pide una indemnización de 500.000 euros para destinarlos a organizaciones humanitarias que trabajan en Iraq.

En su auto, el juez comunica a las partes la admisión a trámite de la demanda y abre un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición ante este mismo juzgado.

La demanda señalaba que Simón de la Torre había ejercido sus derechos fundamentales recogidos por la Constitución al defender una postura de oposición a la guerra en Iraq, "manteniendo siempre un exquisito respeto al ordenamiento jurídico".

En el ejercicio de ese derecho, explicaba el relato de hechos, el diputado coincidió con cientos de miles de ciudadanos de forma pacífica y respetuosa, en actos que en algunos casos pudieron verse empañados por una minoría que incurrió en actitudes violentas, ente ellas, el ataque a las sedes y reuniones convocadas por el PP.

"A los efectos de dañar la imagen, la reputación y el honor de mi principal, está haciendo uso de todo tipo de medios de comunicación como radios, televisiones y agencias de información para difundir noticias absolutamente falsas, con el único fin de desprestigiarlo, imputándole falsamente los hechos que se relatan en el expositivo cuarto", aseguraba la demanda.

Recordaba, además, que los ataques a las sedes del PP podían revestir icluso carácter delictivo, por lo que el lugar para su valoración y enjuiciamiento eran los correspondientes tribunales, "sin que a día de hoy se tenga constancia del inicio de ninguna acción judicial contra mi representado".

El relato, que se acompañaba con enumeraciones de las declaraciones de Arenas y recogidas por varios de comunicación, se refería a la actitud del PP como "táctica preconcebida de desprestigio del PSOE y de todos sus miembros o cargos públicos".

Añade que estos hechos ocasionaon un "evidente perjuicio moral" al afectado, y recordaba que, según la legislación vigente, el perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión ilegítima, "lo cual se tiene acreditado muy sobradamente en este caso".

"En consecuencia, y por la lesión efectivamente producida, dada la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación y en la opinión pública, esta parte interesa la condena del demandado y solidariamente de todo aquel que en un futuro se demuestre haya participado en los echos constitutivos de tal violación, a la cantidad de 500.000 euros, los cuales, toda vez que a esta parte no le mueve ningún interés patrimonial, serán destinados a aquellas organizaciones humanitarias que actúen en Iraq. De igual modo, actuando en nombre del Partido Popular, se interesa la condena subsidiaria de esta formación política".

El demandante pide además al juez que proceda a "publicar y emitir a costa de los demandados la sentencia que se dicte en los mismos medios de comunicación que hanvenido utilizando para desacreditar a mi principal".